El plan se estructura como una guía para evaluar y hacer un seguimiento del problema de las capturas accidentales en la flota española y proponer soluciones técnicas que permitan reducir o eliminar, cuando sea posible, las capturas de especies sensibles
El Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la ULPGC participa en el para la sostenibilidad de la actividad pesquera y la conservación de la fauna marina, con especial atención a los cetáceos.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional para la reducción de las capturas accidentales en la actividad pesquera. El texto marca las directrices para identificar los impactos de la pesca en las especies protegidas, así como las flotas y artes de riesgo para cada demarcación marina.
El plan se estructura como una guía para evaluar y hacer un seguimiento del problema de las capturas accidentales en la flota española y proponer soluciones técnicas que permitan reducir o eliminar, cuando sea posible, las capturas de especies sensibles
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Las acciones contempladas en el plan deberán desarrollarse durante la próxima década, de modo que en 2030 se alcance un nivel de impacto de la actividad pesquera en la fauna sensible que no ponga en peligro a las poblaciones afectadas
Estas actuaciones permitirán complementar los trabajos que ya se han puesto en marcha para avanzar en el conocimiento tanto del estado de las poblaciones de cetáceos como del volumen de capturas accidentales, y de las causas de varamiento de cetáceos.
La protección de las especies de mamíferos marinos, tortugas y aves marinas se enmarca en la Directiva de la Unión Europea para la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres y la Directiva sobre la conservación de las aves silvestres. A nivel estatal, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene normas que obligan a conservar, proteger y evitar de posible daño a los taxones silvestres.
El IUSA-ULPGC es un referente en el estudio de cetáceos que ya en 2004 logró que se estableciera la moratoria anti-sonar aprobada por el gobierno español y con el acuerdo del Gobierno de Canarias que se ha demostrado efectiva para minimizar el daño a los cetáceos.
La moratoria anti-sonar, que impide el uso de sonares antisubmarinos militares en las aguas próximas a las Islas Canarias, se estableció como respuesta a una resolución no vinculante del Parlamento Europeo, tomada por votación en 2004, que se fundamentó científicamente en los trabajos realizados en Canarias y publicados en Nature en 2003 y 2004, por el grupo que lidera el Doctor Antonio Fernández (Catedrático de Veterinaria y director del IUSA).
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