Tras el consejo de administración del Centro Portuario de Empleo celebrado el lunes, las cuatro empresas accionistas (Opcsa, Gesport, La Luz Market y Boluda) han evaluado la situación que se avecina el próximo 1 de junio, cuando finalice la prórroga del periodo de carencia que se otorgó en 2019 por parte del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, del que era presidente Juan José Cardona, y que fue defendida ante el consejo por Francisco Trujillo, actual director del ente portuario y que en aquella ocasión además de directivo de la Autoridad Portuaria era consejero de la Sagep (ahora CPE de Las Palmas) en representación de ésta.
La empresas del CPE Las Palmas han optado por no tomar ninguna decisión y esperar hasta el fin de la carencia o hasta el que Autoridad Portuaria se defina formalmente.
Por su parte el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en declaraciones a este medio, ha manifestado que si no hay una propuesta clara para abordar la situación se verá obligado a iniciar la reclamación de las cantidades adeudadas cuando finalice la prórroga.
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Hay que recordar que el próximo día 1 de junio, al finalizar el periodo de carencia otorgado por la Autoridad Portuaria a CPE, ésto tendrán que hacer frente al pago de crédito que mantienen y que supondría el desembolso de una cuota mensual de 60.000 euros que, en caso de no hacer frente, el organismo portuario se vería obligado a reclamar judicialmente la totalidad de la deuda que asciende a 7,25 millones.
Ibarra ha expresado que la solución pasa por asumir que el préstamo de la Autoridad Portuaria tiene carácter prioritario, de tal forma que se destine una parte de la tarifa máxima empresarial a liquidar el mismo, y no a liquidar mayoritariamente las deudas que el propio CPE de Las Palmas tiene con las empresas que lo conforman.
En estos momentos, los ingresos obtenidos por la tarifa máxima empresarial, entre 1,8 y 2 millones de euros anuales se destinan en un 50% a los tráficos denominados ‘sensibles’, que sobre todo los de transbordo y el 50% restante se destina a reducir la deuda del CPE. Éste último 50% es el que reclama la Autoridad Portuaria.
El presidente portuario no quiere que la inercia lleve a ampliar este periodo de carencia y que finalmente pueda desembocar en un procedimiento judicial que pueda recaer en la institución o en él mismo.
Por su parte el Centro Portuario de Empleo de Las Palmas ha manifestado en un comunicado que»la gestión de la compañía se lleva a cabo de forma profesional y atendiendo la totalidad de los compromisos asumidos por la entidad, tanto frente a los estibadores como frente a proveedores e, incluso a la Autoridad Portuaria», recalcando que «las cuentas anuales de la compañías son auditadas sin que se hayan detectado, hasta la fecha, irregularidad alguna».
Además, los consejeros, «tras analizar diversas noticias publicadas recientemente en la prensa acerca de la gestión de la compañía y su solvencia, han rechazado «de forma unánime las informaciones tergiversadas que se han publicado».
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