Las gestiones en las que se ha embarcado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, para solicitar, o como ella misma ha manifestado en alguna emisora de radio «exigir» a la Comisión Europea que Canarias esté exenta de la aplicación de la tasa medioambiental europea –Emissions Trading System (ETS), ha generado estupor en estamentos como Puertos del Estado, o el propio Gobierno de Canarias.
Hay que recordar que esta tasa grava la emisión de gases a la atmósfera por parte de los buques que tengan origen o destino en cualquier puerto europeo, aunque la Comisión trabaja en un Reglamento, cuyo borrador ha publicado en el mes de julio, que minimice o elimine las fugas que se puedan producir de navieras que opten por operar en puertos fuera de la UE.
Puertos del Estado lleva ya cerca de dos años analizando esta situación, y dando instrucciones a las autoridades portuarias para que haya una postura única en este sentido, desde España, algo que ha pasado por alto Puertos de Las Palmas.
de interés ↷
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Es cierto que hay puertos como Algeciras o Valencia que en estrecha colaboración con Puertos del Estado y Marina Mercante, en definitiva el Ministerio de Transportes, que han estado trabajando este documento y han hecho llegar ya su alegaciones a la Comisión Europea para su evaluación. Estas consideraciones están fundamentadas en algo que el propio borrador del reglamento recoge, y es en incorporar puertos no europeos a los que se incluyan en una lista para considerarlos objeto de la tasa a los buques proceden de esos puertos (Valencia y Algeciras han hecho sus deberes presentando la lista de esos puertos no europeos que pueden ser una posible competencia en el transporte de contenedores). Estos puertos han de estar en un radio de 300 kilómetros desde un puerto europeo. El reglamento detalla que esta lista se revisará cada dos años, y una de las demandas de los puertos españoles es que esta lista se actualice con más asiduidad ya que cada dos años es un periodo demasiado largo en el que se pueden dar muchas circunstancias que mermen la competitividad de los puertos europeos.
En todo caso, el Reglamento, una vez que se apruebe, entrará en vigor en el año 2025, y la ETS se aplique gradualmente hasta 2050. Empezando con un 2% de exigencia de combustible sostenible hasta 2027 y subiendo paulatinamente.
La presidenta, mal informada o intencionadamente informada difusamente, ha generado alarma aduciendo que ya hay navieras que le han dado de plazo hasta octubre para que se solvente esta situación o se marcharán del Puerto de Las Palmas.
Analicemos con algo de detalle esta situación. Las navieras, muchas de ellas, llevan trabajando desde hace tiempo en reducir sus emisiones de gases, porque han apostado por un sector marítimo menos contaminante, alineándose con la estrategia europea, y para ello están impulsado el estudio de nuevos combustibles, tecnologías que permitan menos contaminación, renovación de su flota, con uso de GNL, metanol, Velas mecánicas que aprovechen la energía eólica, y un largo etcetera.
Por otra parte, Canarias es una región ultraperiférica, y por ello, el transporte marítimo entre los puertos de estas regiones y sus estados miembros (entiéndase desde o hacia Canarias desde cualquier puerto español) está exento de esta tasa, como también lo está el transporte interinsular y de pasajeros no cruceristas. Así las cosas, el panorama queda mucho más acotado.
Por otro lado, las grandes navieras, en los viajes interoceánicos, independientemente de que hagan una escala en un puerto no europeo, el recorrido completo estará sujeto a las tasas. Por tanto, habría que conocer de dónde salen esas cifras que circulan y que hablan de un sobrecoste en Canarias de 100 millones de euros para una naviera, o el sobrecoste de 500 mil euros de promedio por cada buque que recala en el archipiélago.
Habría que conocer esas fuentes de información para contrastar su veracidad, no sea que de manera intencionada se esté utilizando esta tasa para obtener compensaciones de otra índole por parte de la Autoridad Portuaria.
Por último, la Autoridad Portuaria se ha querido erigir en la defensora de la conectividad de Canarias, y del sector empresarial y comercial del archipiélago, potencialmente afectados por estas tasas, y cómo no, de la ciudadanía en general. Y esta no es su misión, ni su responsabilidad, compete esto al Gobierno de Canarias y, en un estamento superior, al Gobierno de España. Una situación que le ha acarreado algún quebradero de cabeza al Gobierno de Canarias, que ha tenido que mediar para que esto se reoriente en la justa dimensión.
Una pena, que la reunión que mantuvo la presidenta del Puerto con el presidente de Puertos del Estado no hubiera sido más fructífera y esa denodada lealtad institucional se consolide. Dapena.
Debería Calzada fiscalizar de quién parten algunas informaciones distorsionadas que solo consiguen ponerla en le candelero, exponerla políticamente y alejarla de los verdaderos problemas y proyectos que deben centrar la actividad portuaria.
