La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, dio a conocer este jueves algunos de los temas tratados durante el Consejo de Administración del ente que preside.
Entre los más relevantes, Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se refirió a la propuesta de multa que han recibido de la Agencia de Protección del Medio Natural a la Autoridad Portuaria por un expediente incoado en 2021 con un informe de 2022 y que ha llegado la semana pasada: «Ese expediente requiere a la Autoridad Portuaria por vertidos en unas parcelas del Puerto de Arinaga. En 2021 existían unos residuos de obras pero esos ya fueron retirados, el problema se genera por la existencia de cayucos y pateras en una de las pateras y eso puede conllevar una sanción de hasta 300.000 euros si no las retiramos, dándonos el plazo de un mes para que aleguemos y acreditemos que se van a retirar».
Al respecto, añadió que ya ha habido respuesta por parte de la Autoridad Portuaria pero que la solución no es sencilla: «Nosotros contestamos y la complejidad es que no son titularidad nuestras, por lo que no podemos tomar decisiones sobre ellas. En su día me reuní con el delegado del Gobierno y me confirmó que la competencia para su destrucción es de ellos y que ya iban a trabajar en un pliego porque la empresa que lo haga tiene que reunir una serie de requisitos y se estaban cuantificando las embarcaciones de las que hablamos».
«Ahora nos hemos vuelto a dirigir a la Delegación del Gobierno para explicar la situación en la que nos encontramos pues no sería de recibo que nos sancionaran por prestar un espacio para estas embarcaciones decomisadas a partir de 2020 por la Delegación del Gobierno en Las Palmas, embarcaciones que remolca Sasemar y que lo que hacemos es cederles un espacio para evitar el problema de dónde ponerlas. Por tanto, a la Delegación del Gobierno le hemos indicado que tenemos que solucionarlo antes de un mes para evitar la sanción, confiamos en que ésto acelere la contratación de la empresa para poder retirar las embarcaciones y así evitar la sanción que puede llegar hasta los 300.000 euros», destacó Calzada.
Además, cifró en más de un centenar las embarcaciones que pueden estar en esa zona de Arinaga: «Desde 2020 las pateras que han llegado se decide ponerlas en unas parcelas de Arinaga, en estos momentos hay más de 130 sin contar las últimas que llegaron a Arguineguín e incluso a Arinaga. Es un número importante, la destrucción puede oscilar entre 600 y 1.000 euros cada una, con lo que multiplicando la cantidad es muy elevada, aparte del tratamiento de los motores, los aceites…, todo ese tipo de cuestiones. Además, se hace referencia a una parcela registral, catastral, sin tener en cuenta que son dos, una nuestra y otra de la Sociedad Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Arinaga, por lo que aproveché hoy que estaba el presidente del Cabildo (Antonio Morales) porque todo ese suelo es casi todo suyo ya para avisarle de que seguramente le llegará un requerimiento en ese sentido. De todas formas a la Delegación le hemos pedido la retirada de los cayucos indistintamente de la parcela en la que se encuentre».
Club Náutico
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas también explicó la situación de la desafección que afecta a parte de los terrenos del Real Club Náutico de Gran Canaria: «En estos momentos ya podemos contratar una tasación independiente y una vez la tengamos nos dirigiremos al Real Club Náutico de Gran Canaria, que al ser concesionario tiene derecho de adquisición preferente, le pondremos las condiciones sobre la mesa y que ellos adopten el acuerdo que estimen conveniente, y si acceden a la adquisición preferente zanjar ya esta cuestión».
PIF
Beatriz Calzada fue cuestionada posteriormente por de la situación del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) del Puerto de La Luz y de Las Palmas: «No es un problema nuestro, pero esa falta de personal sí que nos hace ser de los más afectados. Hemos tenido reuniones y tendremos otra reunión de coordinación para ver qué podemos hacer para agilizarlo, pero es falta de dotación de personal y por lo que hemos oído la Delegación del Gobierno se ha comprometido a aumentar en seis personas el personal del PIF para ir más rápido, pero no es competencia nuestra más que trasladar la preocupación que tenemos por los problemas que nos genera. Estamos estudiando las opciones que podemos tener, que son muy pocas, para intentar agilizar el tráfico en los momentos de colapso».
Carnavales
Uno de los más importante fue el que se refiere al espacio que se va a ceder al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar allí las galas del próximo Carnaval.
«Hemos informado de la parcela solicitada por el Ayuntamiento para celebrar los actos, explicando que se trata solo de las galas del Carnaval. Hace tiempo recibimos la solicitud verbal del Ayuntamiento para ver si podíamos colaborar en la búsqueda de espacios para celebrar esas galas ya que el Parque de Santa Catalina no se puede utilizar por las obras de la Metroguagua. Después de estudiar distintas opciones encontramos un suelo que podía ser ideal para ello, es la parcela donde antes estaba la BP, la primera cuando se entra al Puerto por el punto de la Guardia Civil, la primera que hay a la derecha de la subida a El Sebadal», apuntó Calzada.
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, añadió: «La única condición que pone la Autoridad Portuaria para utilizar esa parcela es que la entrada sea por El Sebadal, es decir, abrir por allí una puerta por el muro de forma que quede como una pastilla aislada del Puerto, que se cerraría internamente para dejar aislado esa zona. Al Ayuntamiento le ha parecido bien y estamos trabajando de forma conjunta y coordinada para habilitar esa parcela».
Además, recordó que el consistorio capitalino ya está trabajando en un elemento clave para cualquier gran fiesta, el Plan de Seguridad: «El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha remitido el Plan de Seguridad que es pertinente legalmente, ahora mismo se está analizando ya que el Puerto, al ser una infraestructura crítica a nivel de seguridad al ser de interés estatal pues tiene unos requerimientos de seguridad más elevados y por eso se está analizando todo esto por parte de los técnicos y una vez esté terminado pues ya veremos si hay que hacer cambios o adoptar medidas».
Por último, destacó que esta cesión es algo muy puntual que no se mantendrá en el tiempo para estas fiestas: «El uso de esta parcela es sólo para este año, no significa que se vaya a adoptar de forma definitiva. Desde que empiecen las obras de soterramiento de Belén María esa parcela va a estar ocupada por el Gobierno de Canarias, por la constructora que lleva a cabo la obra y no se podrá usar para otra cosa, y una vez concluya el soterramiento allí está previsto el levante sin papeles que esta Autoridad Portuaria tenía previsto para 2024 y que por culpa del soterramiento se tendrá que posponer».