La diputada por Coalición Canaria en el Congreso, María Fernández, anunció el rechazo de los nacionalistas canarios al proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera porque aseguró en la Comisión celebrada esta semana para abordar la futura normativa que “se ha hecho de espaldas a Canarias y al sector en las Islas”. La diputada anunció la enmienda al proyecto de ley para que “nuestros pescadores y pescadoras cuenten con las decisiones que se tomen sobre su futuro”.
Al respecto, Fernández argumentó que en el caso de Canarias “esta ley ignora por completo la normativa europea y española que obliga a adoptar medidas específicas para el territorio canario”. Una normativa que se une a lo recogido en el Estatuto de Autonomía que “recoge la larga lucha de nuestro pueblo para que se reconozca que somo un archipiélago y no un conjunto de islas”, es decir, que reconoce “el mar canario”. La diputada hizo referencia al artículo 4 del Estatuto que obliga al Gobierno estatal a “contar con la opinión del archipiélago en todas las decisiones que se adopten dentro de ese espacio marítimo que también es Canarias”.
María Fernández trasladó su preocupación por que con la aprobación del proyecto de ley se generará “una mayor inseguridad jurídica para que pueda desarrollarse una actividad económica de la que dependen miles de familias canarias” y denunció que no incita a la convivencia de la pesca profesional y de la no profesional, a los que expone a “enfrentamientos innecesarios”.
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Por este motivo, insistió en “la obligación de adaptar la política pesquera a las singularidades canarias”, que no solo es una prerrogativa del Estatuto de Autonomía, sino de los tratados europeos y del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que, señaló, “ignora sistemáticamente” el Gobierno liderado por Pedro Sánchez.
La diputada de Coalición Canaria exigió al Gobierno que “negocie con Canarias todos los aspectos que se recogen en esta ley” tanto los relacionados con “las medidas de control de la actividad pesquera como los vinculados a la firma de tratados o acuerdos pesqueros con los países del entorno”.
En este punto, mostró su preocupación durante su intervención, además, por los pasos dados por Marruecos para “apropiarse unilateralmente de aguas que incluyen el territorio marítimo canario”, así como, reprochó que “tras la promulgación de estas leyes, con el silencio absoluto del Gobierno español, se anuncia una Comisión de Estudio solo después de que denunciáramos este atropello” y advirtió que “no permitiremos que las autoridades canarias vuelvan a enterarse por los medios de las decisiones que en esta materia se tomen en nuestras aguas”.
Asimismo, abogó por que las Islas cuenten con un buque oceanográfico con sede permanente, apelando a la regulación de la nueva normativa en materia de investigación. Al respecto, enfatizó en la labor que desarrolla la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, recordó, “acoge gran parte de la investigación vinculada a la economía azul, por lo que no se entiende que no dispongamos de un buque específico con sede en las Islas”, concluyó.
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