La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias convocará este próximo mes de diciembre la Comisión Mixta sobre Costas, tal y como ha acordado esta semana el consejero regional José Antonio Valbuena en una reunión mantenida con la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas (PCALC).
En el encuentro también han estado presentes el viceconsejero autonómico de Planificación Territorial, Leopoldo Díaz; y el presidente y la secretaria de la citada plataforma, José Luis Langa y Ana Delia Ramayo, respectivamente.
La convocatoria de esta Comisión se trata de uno de los compromisos del protocolo firmado en el año 2016 por parte de la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y la Asociación Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas. Valbuena recordó que su compromiso inicial fue “convocar esta comisión una vez se cerrara el acuerdo de la transferencia de competencias, por lo que nos encontramos en disposición de oficializar este organismo, incluyendo a Fecam y Fecai, para trabajar conjuntamente y hacer labores de seguimiento”.
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La reunión sirvió, entre otros asuntos, para analizar las diferentes competencias que Canarias asumirá a partir del próximo 1 de enero de 2023 y para recabar información sobre los distintos expedientes que se transferirán desde el Estado al Ejecutivo regional para su posterior análisis y tramitación. Valbuena recalcó que la interpretación de la Ley de Costas nacional seguirá siendo la misma, ya que no podemos hacer ningún tipo de reinterpretación, pero con una mayor sensibilidad y cercanía en los procedimientos.
En la reunión, Langa explicó a Valbuena que, como consecuencia de la reforma de la Ley de Costas, en 2013, la Dirección General habilitó un plazo para que los ayuntamientos enviaran información a Madrid en la que constaran los servicios esenciales de los que están dotados los núcleos poblacionales consolidados.
“Los ayuntamientos que hicieron los deberes -apunta Langa- lograron la desafección por parte de Costas; pero muchos ayuntamientos no enviaron la información y, por ello, ahora nos encontramos con que Costas quiere derribar núcleos que se consideran consolidados, y a falta de otras opciones hemos tenido que judicializar las causas para parar los derribos”, matiza el letrado.
Es por ello que, según apunta el presidente de la PCALC, “es el momento de activar esta Comisión Mixta, que se firmó con el objetivo de evitar lo que pasó en 2013, toda vez que a partir del 1 de enero de 2023 Canarias va a tener las competencias en materia de gestión y ordenación del litoral”.
“La ley sigue siendo la misma y tenemos que actuar dentro de la legalidad, pero si ponemos sobre la mesa caso por caso los núcleos afectados por Costas y hacemos bien el trabajo, con la sensibilidad que requiere este territorio, estimaremos que, con la ley en la mano, muchos de ellos cumplen los requisitos de núcleos urbanos consolidados, pues forman parte de la historia del pueblo canario”, matizó Langa.
En este sentido, Valbuena recordó que está recopilando con ayuntamientos y administraciones implicadas toda la documentación al respecto, información que también ha solicitado a la PCALC, con el fin de conocer la realidad de cada zona y así poder actuar en consecuencia.
Esta reunión de trabajo forma parte de la ronda de encuentros que la Consejería anunció que realizaría este año con todas las partes implicadas (plataformas, agrupaciones, cabildos, ayuntamientos, particulares, etc.) para recabar información de interés y compartir la visión que el Gobierno canario tiene en cuanto a la gestión de esta competencia y cómo se procederá en los primeros meses de gestión.
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