La igualdad real se pone a prueba en los próximos días en el Puerto de Las Palmas, donde los consejeros, representantes de las tres grandes terminales de servicios portuarios, han de posicionarse en un episodio de acoso ocurrido en su seno, lleno de vejaciones, graves insultos y amenazas.
El prestigio ganado y trabajado día a día por la comunidad portuaria de Las Palmas, con acciones individuales y colectivas a favor de la igualdad, en la que se han desarrollado importantes jornadas de mujeres portuarias, proyectos de puesta en valor de la mujer en el puerto, infinidad de manifestaciones de la presencia cada vez más relevantes de mujeres en puestos directivos y de responsabilidad, reconocimientos y premios a la labor de la mujer, y un largo etc. se somete a un examen de la realidad de un puerto masculinizado en muchos aspectos aún, que apuesta o no por esta igualdad.
Un puerto, además, dirigido por primera vez en 140 años por una mujer, que nos consta que es una firme defensora de la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo en cualquier faceta o empleo que se desarrolle en el puerto, se topa ahora con una fisura en esta igualdad.
Tres grandes empresas, cuyos compromisos de responsabilidad corporativa les obliga, deben resolver en el Consejo de Administración al que pertenecen una situación de acoso por razón de sexo, y deben resolverlo de puertas adentro, pero su decisión será un espejo de una manera de hacer las cosas en este Puerto, marcando el posicionamiento empresarial, sindical y público del presente y futuro de la comunidad portuaria.
¿Se está a favor de eliminar estas conductas de manera tajante o se es permisivo con estas situaciones? ¿Somos un puerto pantalla, o un puerto modelo, reflejo de las acciones que llevan a cabo instituciones y empresas en pro de la igualdad y los derechos de la mujer?
La respuesta a estas preguntas la conoceremos mañana, y conoceremos quién está a un lado o al otro de la línea roja de la igualdad.
Todo ello, además, sin menoscabo de que el asunto en curso sea de interés para la fiscalía y el efecto boomerang sea aún más lesivo para la imagen del puerto y de la comunidad portuaria de Las Palmas.






