FAAPE confía en que el comisario Kadis pueda revertir esta situación.
El sector pesquero andaluz ha acusado a Europa de abandonar a la pesca de arrastre del Mediterráneo tras la reunión mantenida esta semana en Málaga con distintos responsables de la dirección general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea. Según José María Gallart, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) y vicepresidente de Cepesca para Mediterráneo y Golfo de Cádiz, “esta reunión ha confirmado lo que ya temíamos: la DG Mare de la CE ha dado la espalda a la pesca de arrastre del Mediterráneo”.
Tras la reunión, el sector pesquero andaluz concretó en ocho puntos sus demandas a Bruselas, empezando por exigir que las decisiones se tomen con base científica sólida: “La Comisión está legislando con datos incompletos y metodologías cuestionadas por su propia comunidad científica. No se puede sacrificar una flota entera sobre informes que ni siquiera gozan de consenso técnico”, señalan desde FAAPE.
Asimismo, el sector, que considera que la Política Pesquera Común ha perdido su equilibrio, requiere a Bruselas que rehabilite la balanza entre sostenibilidad ambiental, social y económica, protegiendo al mar, pero sin abandonar a quienes viven de él.
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Los pescadores también han exigido recuperar el esfuerzo pesquero y volver a una media de 160–180 días de trabajo, que considera como imprescindible para mantener la actividad y la capacidad de suministrar pescado fresco. “Lo contrario es condenar a las comunidades pesqueras al cierre definitivo”, afirma Gallart.
Para el sector, la pesca de arrastre es estratégica y debe ser tratada como tal. “Garantiza el empleo, la seguridad alimentaria y la estabilidad de nuestros pueblos costeros. No puede seguir siendo el enemigo público número uno de la política pesquera europea”.
También reclaman respeto y coherencia para una actividad que ha sido ignorada, estigmatizada y castigada durante años. “Las decisiones tomadas desde despachos a miles de kilómetros, —señala Gallart–, están arruinando a familias enteras que llevan generaciones faenando de forma responsable”.
Uno de los aspectos cruciales para el sector es la modificación urgente del Plan Plurianual de Pesca Demersal del Mediterráneo Occidental (MAP WestMed), impuesto desde 2020, que hasta ahora no ha obtenido respuesta de Bruselas pese a las reiteradas peticiones de los propios gobiernos de España, Italia y Francia. Según FAAPE, “el MAP WestMed está arrasando con el tejido pesquero del Mediterráneo. Cada año perdemos más días de mar, más empleos y más esperanza. La Comisión no puede seguir mirando hacia otro lado mientras la flota desaparece. Cada día que se retrasa esta revisión, un barco más queda amarrado y una familia más pierde su sustento”.
Asimismo, el sector reclama el fin del doble régimen de control aplicado a la gamba roja, que combina limitaciones por esfuerzo y por cuota, comprometiendo la rentabilidad de una de las pesquerías más selectivas y sostenibles del Mediterráneo. “Ninguna especie debería soportar un doble régimen de control que asfixia aún más a una pesquería ya limitada a pesar de ser la más selectiva”, apunta Gallart.
Por último, los pescadores exigen hechos y no promesas vanas, y confían en la intervención del comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para que la Comisión Europea rectifique su rumbo y no pase a la historia por dejar morir la pesca del Mediterráneo. “El sector andaluz está plenamente comprometido con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos. Pero exige reciprocidad y coherencia por parte de las instituciones europeas. No puede hablarse de sostenibilidad cuando se condena a la desaparición a quienes viven del mar”, afirma José Mª Gallart.
Andalucía cuenta con 115 embarcaciones de arrastre y 13 núcleos pesqueros, que sostienen a más de 17.000 familias. Sin medidas urgentes, ese número caerá drásticamente en los próximos meses. La desaparición de la pesca de arrastre no sólo es un fracaso económico: es un fracaso moral y político para Europa.
Según acaba diciendo Gallart, “lo que se presentó como una medida de sostenibilidad se ha convertido en una política de destrucción progresiva del sector. En Andalucía la flota de arrastre ha pasado de poder faenar 230 días al año a apenas 130 y nadie puede sobrevivir con la mitad del trabajo y el doble de incertidumbre”.
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