El Estado asegura que los servicios esenciales de la cadena logística global se mantendrán sin interrupciones.
La Autoridad Marítima de Panamá informó al país y a la comunidad internacional de la activación inmediata de un plan técnico de transición operativa destinado a preservar la normalidad en los flujos portuarios de dos enclaves estratégicos del sistema marítimo nacional: el Puerto de Balboa, en la vertiente del Pacífico, y el Puerto de Cristóbal, en el Atlántico. Ambos puertos constituyen nodos clave para el tránsito interoceánico y el comercio internacional que conecta América, Asia y Europa.
Según el comunicado oficial, las actividades portuarias continúan desarrollándose con normalidad, manteniendo niveles óptimos de productividad, eficiencia y calidad de servicio para las navieras y sus clientes. El Estado panameño, como propietario de las infraestructuras portuarias, reafirma así su capacidad para garantizar la continuidad operativa del sistema portuario nacional y la estabilidad de la cadena logística global.

En el marco de los procesos legales correspondientes, el Gobierno de la República de Panamá prevé contar, cuando proceda, con el apoyo especializado de APM Terminals como administrador temporal durante el periodo de transición. La elección de APM Terminals —operador portuario de alcance global— responde a criterios técnicos y de fiabilidad operativa, con el objetivo de asegurar una gestión eficiente mientras se ordena el nuevo esquema institucional.
Asimismo, el Ejecutivo reiteró su voluntad de avanzar hacia una transición ordenada y coordinada con Panama Ports Company, filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings. En este contexto, las autoridades confían en una colaboración constructiva por parte de la concesionaria saliente, en beneficio de la estabilidad del sistema portuario y de la reputación del país como plataforma logística segura y predecible.
El alcance del fallo judicial
La decisión del máximo tribunal panameño determina que la concesión otorgada a Panama Ports Company no se ajusta al marco constitucional vigente, al apreciarse vicios de forma y de fondo en el proceso de otorgamiento y prórroga de los derechos de explotación. En términos jurídicos, el fallo subraya la preeminencia del interés público, el respeto al principio de legalidad y la obligación del Estado de garantizar que la administración de bienes estratégicos —como los puertos— se rija por procedimientos plenamente conformes a la Constitución.
Aunque el pronunciamiento tiene efectos jurídicos relevantes sobre la concesión, la Corte no ordena la paralización inmediata de las operaciones, lo que ha permitido a las autoridades diseñar una salida ordenada, evitando impactos en la cadena logística y en los compromisos internacionales de Panamá.
Las autoridades han insistido en que la operativa diaria se mantiene con normalidad, preservando los estándares de productividad, eficiencia y calidad de servicio exigidos por las navieras y los cargadores internacionales. Panamá, como propietario de las infraestructuras, asume de manera directa la responsabilidad última sobre el sistema portuario nacional.
Mensaje a las navieras y a los mercados
Con este enfoque, la Autoridad Marítima de Panamá busca lanzar un mensaje claro a la comunidad internacional: el fallo judicial refuerza el Estado de derecho sin poner en riesgo la continuidad del comercio. Panamá reafirma su compromiso con la seguridad jurídica, la protección del interés nacional y el mantenimiento de su papel como hub logístico estratégico al servicio de las cadenas de suministro globales.
En un contexto de alta sensibilidad para el comercio marítimo, el país subraya que seguirá siendo un socio fiable, estable y predecible, capaz de gestionar cambios institucionales complejos sin afectar a la operativa de infraestructuras críticas para el comercio mundial.






