En los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla no hay un problema con el servicio de remolque. Conviene empezar por ahí.
Pese al ruido generado en los últimos días —con declaraciones, movilizaciones y mensajes que apuntan a supuestas carencias—, la realidad operativa es bastante más sencilla: el servicio funciona, cumple el pliego y lleva años haciéndolo sin incidencias relevantes.
El sistema actual responde exactamente a lo establecido en la licencia del servicio de remolque: tres remolcadores en Tenerife, que cubren tanto Santa Cruz como Granadilla, y un cuarto en La Palma que refuerza la operativa cuando es necesario . Ese esquema no es teórico: es el que lleva años garantizando el funcionamiento del puerto día tras día. Y lo más importante: ha demostrado ser suficiente.
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Cuando el problema no es el remolque
La controversia reciente tiene más que ver con una operativa concreta —la vinculada al buque San Francisco y el movimiento de un dique flotante, ambos del mismo operador— que con una carencia estructural del servicio.
Se trata de una maniobra extraordinaria, con exigencias adicionales de seguridad por parte de Capitanía Marítima, que requiere medios adicionales y coordinación previa. Nada fuera de lo habitual en operaciones de este tipo en cualquier puerto.
Aquí es donde aparece el matiz que se ha querido obviar: que algo requiera planificación no significa que el servicio no exista. Y hay que añadir que por ser extraordinaria supone un coste que ha de asumir quien lo solicita, en este caso el cliente.
El licenciatario ha ofrecido medios, soluciones y capacidad de respuesta. Pero en un servicio de estas características —con equipos de alto coste y despliegue logístico— la disponibilidad inmediata sin previsión no es realista. No lo es en Tenerife ni en ningún otro puerto.
El pliego no es el problema
El debate sobre el remolque vuelve una y otra vez al mismo punto: el pliego. Y, sin embargo, es precisamente el pliego el que ha garantizado durante años una operativa estable, segura y suficiente. No solo se cumple, sino que en situaciones puntuales se ha ido más allá, reforzando el servicio con medios adicionales cuando ha sido necesario . Eso es lo que suele ocurrir cuando un sistema funciona: no hace ruido.
El modelo de licencia de servicio público, además, responde a una lógica evidente. El remolque es un servicio intensivo en inversión, que requiere optimizar medios para todo el puerto, garantizando la seguridad marítima. La fragmentación o la duplicación de recursos no mejora el servicio; lo encarece y lo hace ineficiente.
Confundir conflicto con carencia
En el fondo, lo que se está produciendo es una confusión interesada: se traslada un conflicto puntual como si fuera un problema estructural. No lo es.
El puerto no está desatendido. No hay falta de remolcadores. No existe una limitación operativa que comprometa su funcionamiento. Lo que hay es una operación compleja que exige planificación y coordinación, como tantas otras que se han resuelto antes sin mayor trascendencia. Y eso es exactamente lo que vuelve a ocurrir ahora.
La realidad, más allá del relato
El servicio de remolque en Tenerife sigue garantizado. Lo ha estado siempre y lo está hoy. Funciona con los medios exigidos, responde cuando se le requiere y se adapta a situaciones excepcionales cuando estas aparecen. Eso no es una opinión: es lo que ha venido ocurriendo en la práctica durante años. El problema, por tanto, no está en el remolque. Está en el relato.
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