Está claro que algunos medios han encontrado un nicho donde buscar pudredumbre, que es lo que vende y genera visitas. Nosotros hemos querido hacer un análisis más sosegado de la situación, sin dejar atrás las cosas que no se han hecho o no se están haciendo bien.
La Fundación Puertos de Las Palmas llega a la asamblea prevista para mañana, viernes 3 de julio de 2026, en una situación límite, pero no necesariamente terminal. El problema inmediato no es solo contable: es de gobernanza, de seguridad jurídica y de credibilidad. La auditoría interna de Puertos del Estado, fechada en abril de 2026 según la cobertura disponible, concluye que la vía idónea ya no sería la transformación de la Fundación fuera del sector público estatal, sino su liquidación, y cuestiona de forma expresa el proceso de selección de la actual gerente, señalando que “no se ha ajustado al marco normativo vigente”. A ello se suman pérdidas en 2024 y 2025, dudas sobre contratos menores y una secuencia de aplazamientos y cancelaciones en la aprobación de cuentas.
A pesar de este marco aparentemente desolador, la Asamblea de patronos, previsiblemente, aprobará mañana las cuentas de 2025, ya que según nos confirman, el informe de auditoría contable no contiene salvedades.
Ahora bien, reducir la Fundación Puertos de Las Palmas únicamente a la auditoría sería intelectualmente pobre y estratégicamente equivocado. La documentación oficial publicada por la propia entidad muestra una actividad intensa desde la llegada de la actual gerente en marzo de 2025: reactivación del patronato, formación especializada en bunkering y vertidos, recuperación de la Media Maratón, programas de apertura puerto-ciudad, convenios de inclusión sociolaboral, participación en FIMAR y captación de nuevos patronos y colaboradores, etc. Esa agenda acredita empuje, capacidad de activación y una voluntad clara de reconectar el puerto con la sociedad.
Mi tesis es doble: la Fundación ha demostrado utilidad y dinamismo recientes, pero precisamente por eso no puede permitirse una arquitectura de cumplimiento débil. No aprobar las cuentas sería un error; bloquear indefinidamente una herramienta con actividad acreditada también lo sería. La salida razonable pasa por preservar lo que funciona y corregir, con calendario público, lo que la auditoría y el propio portal de transparencia dejan hoy en evidencia.
de interés ↷
FEPORT highlights EU Ports Strategy and private investment role during Summer General Assembly in Constanţa
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Dónde está hoy la Fundación
El marco de fondo viene de lejos. Según extractos del informe de auditoría reproducidos por medios especializados y locales, la Fundación sigue sin dar cumplimiento a la Orden HAP/1816/2013, que establecía la pérdida de la condición de fundación del sector público estatal. El propio informe recuerda que la IGAE ya había advertido en 2023 que debía procederse “de manera inmediata” a esa salida del perímetro público y que, ante la falta de avances, el Interventor Regional de Canarias considera que la mejor opción es la liquidación. El mismo documento cifra pérdidas de 138.660,30 euros en 2024 y 128.115,91 euros en 2025.
En este tránsito por el desierto, es cierto, y me consta, que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, no impulsó la reactivación de la Fundación hasta que Puertos del Estado le dió el visto bueno para ello, aunque fuera de manera transitoria hasta que se solventarán todas las salvedades que existían vinculadas a la gestión del Edificio de la Fundación cedido a ésta, aunque propiedad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en el que estaban enmarañados algo así como 3 millones de euros.
A esa debilidad estructural se ha añadido una crisis de gestión inmediata. La Autoridad Portuaria de Las Palmas presentó el informe de las cuentas a su consejo y, según la cobertura periodística, pidió tiempo para “corregir algunas cuestiones” y mantener reuniones con Puertos del Estado antes de someter las cuentas a votación. La aprobación se aplazó el 23 de junio; la junta extraordinaria convocada para el 26 de junio se canceló; y a 1 de julio seguía hablándose de una nueva reunión este viernes, ya fuera de plazo ordinario para aprobar las cuentas.
El punto políticamente más sensible, y jurídicamente más delicado, es la contratación de la gerente. El extracto más contundente del informe dice: “Respecto al proceso de selección de la nueva Gerente, este no se ha ajustado al marco normativo vigente”. Añade que se omitió la convocatoria pública y que no constaba la autorización preceptiva de los órganos competentes para aprobar el proceso y validar el contrato. Que la Fundación tenga hoy actividad no borra ese reparo; pero tampoco convierte automáticamente en estéril todo lo hecho desde marzo de 2025. Esa es la tensión real que mañana debería abordarse con serenidad.
Cronología de un punto crítico
El aplazamiento del 23 de junio, la cancelación del 26 de junio y la reunión prevista para este viernes se recogen en la cobertura de diversos medios locales. La fecha exacta del informe de auditoría no ha sido localizada en una publicación oficial íntegra abierta, aunque varias fuentes coinciden en situarlo en abril de 2026.
Actividad acreditada desde la llegada de la gerente
La mejor refutación a la idea de una Fundación inerme está en su propia web oficial. Desde mayo de 2025, la entidad documenta una agenda sostenida de proyectos de formación, cultura, deporte, inclusión y conexión puerto-ciudad. No es poca cosa: una fundación pública o cuasi pública no se justifica por existir, sino por producir valor verificable. Y aquí sí hay evidencias de producción.
Mi opinión es que la Fundación Puertos de Las Palmas merece una corrección profunda, no un juicio simplista. Merece crítica severa donde toca, porque la gobernanza importa, y mucho. Pero también merece una defensa razonable de aquello que sí ha logrado activar. La propia web institucional describe una “etapa de reactivación y consolidación institucional”, y esa idea no parece simple propaganda cuando se contrasta con la secuencia de actividades acreditadas desde mayo de 2025. Hay proyecto, hay agenda y hay una narrativa coherente de apertura social del puerto.
El error sería convertir esa actividad en coartada. No lo es. Una fundación puede estar muy activa y, al mismo tiempo, estar mal armada jurídicamente. Eso es exactamente lo que sugiere el cuadro actual: dinamismo programático, sí; cumplimiento insuficiente, también. El propio portal oficial deja “Pendiente” la información económico-financiera, contractual y de convenios, de modo que la entidad está pidiendo confianza justo en aquellas materias que aún no documenta de forma completa y accesible.
Por eso conviene decir algo incómodo pero constructivo: si el procedimiento de nombramiento de la gerente fue incorrecto, debe regularizarse sin convertir a la institución en un solar. Si la auditoría tiene razón, habrá que rehacer el proceso con publicidad, concurrencia y respaldo jurídico. Y si la Fundación cree que el puesto era de libre designación, debe acreditarlo por escrito, con informe externo y publicación íntegra. Lo que no es sostenible es permanecer en una zona gris.
Aprobar las cuentas mañana solo tendría sentido si va acompañado de explicaciones completas, reservas explicitadas y un plan correctivo verificable. De lo contrario, la asamblea no cerrará una crisis: la aplazará. Pero tampoco conviene dinamitar una herramienta que, bien gobernada, puede seguir siendo útil para la formación, la cultura marítima, la inclusión y la relación puerto-ciudad. La Fundación no necesita un relato complaciente; necesita una segunda oportunidad con reglas serias.
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