El Consejo será el máximo órgano de decisión de la institución y sus miembros tendrán la consideración de altos cargos de la Administración General del Estado
El Gobierno de España continúa dando pasos para la puesta en marcha de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, el organismo que asumirá las funciones que hasta ahora desempeñaban de forma separada las comisiones de investigación de los accidentes ferroviarios (CIAF), marítimos (CIAIM) y de aviación civil (CIAIAC).
La creación de esta nueva autoridad responde a la Ley 2/2024 y quedó definitivamente estructurada tras la aprobación de su Estatuto Orgánico mediante el Real Decreto 141/2026. El objetivo es reforzar la independencia de las investigaciones técnicas, homogeneizar procedimientos y fortalecer la cultura de seguridad en los tres grandes modos de transporte.
Al frente del organismo se situará Gonzalo Julián Guillén Espejo-Saavedra, ingeniero naval y oceánico, graduado en Derecho y actual capitán marítimo de A Coruña. Su nombramiento supone apostar por un perfil con una larga trayectoria en la seguridad marítima, la inspección de buques y la investigación de siniestros, además de su experiencia como coordinador de seguridad e inspección marítima y consejero nato de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
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Un consejo multidisciplinar
Junto al presidente se incorporará un consejo formado por profesionales con amplia experiencia en los ámbitos ferroviario, marítimo y aeronáutico, configurando un órgano claramente especializado.
En el área ferroviaria figuran Jorge Navacerrada Álvarez, investigador de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), con experiencia previa en la Dirección General de Ferrocarriles, y José Antonio Pañero Huerga, investigador coordinador de la CIAF, cuya trayectoria combina responsabilidades en el Ministerio de Transportes, ADIF, CEDEX y organismos internacionales, además de una destacada formación técnica y jurídica.
La representación marítima incorpora a Nuria Obiols Vives, actual directora de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Tarragona y ex capitana marítima, con una amplia experiencia tanto embarcada como en la Administración marítima, así como a Juan Andrés Pérez Pérez, capitán marítimo de Vilagarcía de Arousa e ingeniero naval del Estado, reconocido por sus trabajos en materia de seguridad marítima y eficiencia energética de los buques pesqueros.
En el ámbito aeronáutico, el consejo contará con Verónica Elvira Olalla, subdirectora general de Transporte Aéreo y miembro del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), con una extensa trayectoria en gestión del riesgo y seguridad operacional, además de representación española ante organismos europeos e internacionales. Completará este bloque María Teresa Lumbreras Encinas, comandante de Iberia y responsable de Seguridad Operacional de la compañía, con una dilatada experiencia tanto en operaciones de vuelo como en sistemas de gestión de la seguridad (SMS).
Una autoridad con mayor independencia
La nueva Autoridad nace con la intención de reforzar la independencia respecto de la Administración y de los operadores implicados en los accidentes, siguiendo las recomendaciones internacionales y los criterios establecidos por la normativa europea.
El Consejo será el máximo órgano de decisión de la institución y sus miembros tendrán la consideración de altos cargos de la Administración General del Estado, aunque el estatuto establece expresamente que no será necesario que ostenten la condición de funcionarios, primando la experiencia y la cualificación profesional en materia de seguridad del transporte.
La futura organización dispondrá de direcciones específicas para las investigaciones ferroviarias, marítimas y de aviación civil, además de una secretaría general y una unidad de apoyo técnico, manteniendo una estructura diseñada para garantizar la independencia de las investigaciones y la emisión de recomendaciones de seguridad sin interferencias externas.
La puesta en marcha de esta autoridad cobra especial relevancia en un contexto en el que España afronta investigaciones de gran impacto, especialmente en el ámbito ferroviario, donde los últimos accidentes han reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los recursos y la autonomía de los organismos investigadores.
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