Ante las manifestaciones realizadas por Izquierda Unida en relación con el procedimiento de contratación del mantenimiento del sistema de vigilancia del Puerto de El Musel, la Autoridad Portuaria de Gijón desea trasladar a la ciudadanía las siguientes consideraciones.
En primer lugar, la Autoridad Portuaria actúa siempre con pleno sometimiento a la Ley de Contratos del Sector Público, a la normativa estatal y europea aplicable y a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. Los contratos se adjudican conforme a las reglas previamente fijadas en los pliegos y a la valoración objetiva de las ofertas presentadas.
El expediente al que se hace referencia se encuentra vinculado al mantenimiento de sistemas técnicos de vigilancia, seguridad perimetral y comunicaciones del Puerto de El Musel. Se trata de infraestructuras críticas para garantizar la seguridad operativa, la protección de las instalaciones portuarias, la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a un puerto de interés general del Estado.
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La Autoridad Portuaria quiere subrayar que todos los licitadores que participan en sus procedimientos deben cumplir los requisitos legales exigidos para contratar con el sector público. Si una empresa concurre válidamente a una licitación, no está incursa en prohibición de contratar y acredita la solvencia técnica, económica y profesional requerida, la Administración no puede excluirla arbitrariamente ni alterar el resultado de un procedimiento público por razones ajenas a los criterios establecidos en la licitación.
No obstante, el contrato no ha sido adjudicado y no se ha adoptado una decisión definitiva en el procedimiento. En estos momentos, el expediente se encuentra en la fase de analizar la información y documentación que debe presentar la licitadora, relativa a la existencia de prohibiciones de contratar o de circunstancias que pudieran comprometer la legalidad de la ejecución contractual; su estructura societaria y titularidad real; las entidades del grupo que pudieran participar, directa o indirectamente, en la ejecución del contrato, y el origen de los equipos, repuestos, software, firmware, licencias, actualizaciones y servicios de soporte previstos.
Asimismo, se analizará si la ejecución del contrato por parte de esta empresa comporta importaciones, transferencias, tránsito, asistencia técnica, tecnología, productos de doble uso o material que pudiera quedar comprendido en el ámbito del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, ni el empleo de productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado. Finalmente, se analizará qué empresas participarán como subcontratistas, fabricantes y proveedores.
Análisis jurídico antes de la adjudicación definitiva
La falta de acreditación suficiente, la omisión de información relevante o la constatación de que la ejecución del contrato requiere prestaciones incompatibles con el marco normativo aplicable puede determinar la exclusión de la oferta o la no adjudicación del contrato.
La Autoridad Portuaria comparte la sensibilidad social y humanitaria existente en torno al conflicto en Gaza y la necesidad de que toda actuación pública se desarrolle con respeto a los derechos humanos, al derecho internacional y a las decisiones adoptadas por el Gobierno de España. Precisamente por ello, no se adoptará ninguna decisión que no cuente con las garantías jurídicas necesarias.
La seguridad del Puerto de Gijón no puede ser utilizada como elemento de confrontación política. El Musel es una infraestructura estratégica para Asturias y para España, y su protección requiere decisiones técnicas, responsables y jurídicamente sólidas.
La Autoridad Portuaria seguirá actuando con transparencia, prudencia y rigor, garantizando tanto la legalidad del procedimiento como la defensa del interés general.
El compromiso de este Organismo es claro: cumplir la ley, proteger el puerto, garantizar la seguridad de trabajadores, usuarios e instalaciones, y actuar siempre dentro del marco de los valores democráticos y del respeto a los derechos humanos.
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