Con motivo de la apertura de la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas, que se celebra hoy en Lisboa, BLOOM solicita a la Fiscalía Europea que abra una investigación judicial a raíz de las revelaciones presentadas por BLOOM y Mediapart sobre un fraude masivo en las subvenciones públicas facilitado por el gobierno holandés que benefició a los pescadores industriales durante la crisis de la COVID-19.
La investigación sobre la asignación de las ayudas concedidas por la COVID en los Países Bajos, llevada a cabo por BLOOM y Mediapart, se inició a partir de la alerta de un pescador francés, al sospechar que se había cometido un importante fraude en las subvenciones públicas de la flota pesquera industrial holandesa. Los resultados de nuestro estudio ponen de manifiesto que más del 95 % de los buques holandeses que recibieron una subvención por COVID hicieron trampas en distintos grados y recibieron indebidamente 5,8 millones de euros entre el 15 de mayo y el 3 de diciembre de 2020. Al gobierno holandés se le ha pillado in fraganti por su complicidad con su flota pesquera industrial: por un lado, el Estado excluyó arbitrariamente a la pesca artesanal (barcos de menos de 12 metros) de su régimen de ayudas; por otro, hizo la vista gorda ante los fraudes cometidos por los barcos cuando no cumplían los criterios de asignación de las subvenciones.
Por primera vez, BLOOM utiliza la nueva herramienta judicial que representa la Fiscalía Europea para los ciudadanos. Activa desde el 1 de junio de 2021, la Fiscalía Europea se encarga de «investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE». Posiblemente, nos encontramos ante la primera vez que se presenta a la Fiscalía un caso de fraude contra los intereses financieros de la Unión en el ámbito de la pesca industrial.
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LPG shipping is embroiled in the tariff war
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«La creación de la nueva Fiscalía Europea es una gran oportunidad para que BLOOM exija integridad y equidad en relación con las subvenciones a la pesca. Otros instrumentos, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se han mostrado incapaces de superar sus conflictos de intereses internos para acabar con la corrupción, los abusos o las influencias en el sector pesquero» señaló Laetitia Bisiaux, investigadora de BLOOM y coautora del estudio. Desde el nombramiento como fiscal general de la magistrada rumana Laura Codruța Kövesi, especializada en la lucha contra la corrupción, la Fiscalía Europea despierta la esperanza de los ciudadanos de contar con una organización judicial íntegra y con importantes competencias.
Justo cuando se inaugura la apertura de la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas, nuestra investigación cuestiona las verdaderas intenciones políticas de los Estados en relación con el clima y la biodiversidad, así como para poner en marcha «grandes transformaciones estructurales y soluciones comunes compartidas basadas en los ODS». «La complicidad del gobierno holandés, la falta de transparencia y el fraude sistémico de la pesca industrial deben condenarse. El dinero público solo debe utilizarse para un propósito: la pronta transición del sector pesquero hacia un modelo de menor escala que sirva para la recuperación de los ecosistemas marinos y las economías costeras», afirmó Frédéric Le Manach, director científico de BLOOM y coautor del estudio.
Mediante su informe, BLOOM espera que se lleve a cabo una investigación y una rápida depuración de las prácticas fraudulentas de los pescadores industriales, que a menudo son posibles gracias al apoyo tácito y a veces explícito de sus redes políticas.
Más allá
En respuesta a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de la COVID-19, la Unión Europea modificó en abril de 2020 algunas normas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP, 2014-2020) para desbloquear rápidamente las ayudas temporales a la paralización del sector pesquero.
Este tipo de subvención buscaba compensar por sus pérdidas de ingresos a los pescadores que se veían obligados a permanecer amarrados en el puerto, es decir, sin poder pescar. Por ello, la Comisión Europea propuso el 2 de abril de 2020 modificar el Reglamento del FEMP. El Parlamento y el Consejo de la Unión Europea adoptaron estas medidas el 23 de abril de 2020 bajo la forma del Reglamento (UE) 2020/560, que entró en vigor dos días después. Tras la introducción de estos cambios intracomunitarios, a cada Estado miembro le correspondió definir los criterios de asignación de estas cesiones temporales.
En 2021, BLOOM examinó las ayudas relacionadas con la pandemia de la COVID asignadas al sector pesquero francés y demostró que las empresas más poderosas y las prácticas pesqueras más destructivas (como la pesca de arrastre de fondo, el dragado y el cerco demersal) fueron las principales beneficiarias. Dicha situación fue la consecuencia directa de los criterios de asignación discriminatorios introducidos por el gobierno francés, que BLOOM denunció en cuanto se publicaron.
Nuestro nuevo estudio se centra en la asignación de subsidios por COVID en los Países Bajos. BLOOM es plenamente consciente de las prácticas perjudiciales de los lobbies y las autoridades públicas holandesas en materia de medioambiente, economías costeras y democracia. De hecho, nuestro equipo batalló durante más de dos años para obtener la prohibición de la pesca eléctrica, un método de pesca desarrollado por la industria holandesa y desplegado a escala comercial que atenta contra la legislación europea. A lo largo de su campaña, BLOOM identificó y desveló innumerables mentiras y trampas perpetradas por los pescadores industriales holandeses y sus responsables políticos.
