El Centro Portuario de Empleo de Las Palmas celebra hoy su consejo de administración para tratar, como asunto central, el anuncio del fin de la carencia del pago del crédito que mantiene la sociedad con la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que vence en junio. A partir de ahí, el CPE, del que son accionistas La Luz Terminal de Contenedores (Boluda); Operaciones Portuarias Canarias (OPCSA); La Luz Market, hoy absorbida por Boluda & Suárez Cargo, propiedad de la familia Boluda y a familia Suárez, y Gesport Atlántic, tendrán que asumir el pago, en el mejor de los casos, del crédito de 7,25 millones, a la razón de 60 mil euros mensuales, o la cancelación total de la deuda con Puertos de Las Palmas, recurriendo a la financiación externa.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas lleva un año largo negociando con las empresas del CPE sobre cómo afrontar esta situación, buscando un compromiso serio, que le permita seguir siendo un aliado, pero que pase por la solución real de los problemas del CPE y la minoración de la deuda.
El crédito que asumió la Autoridad Portuaria, de 12 millones de euros, para aliviar la tesorería de las empresas del CPE hace más de 10 años, en 2011, no ha servido para cumplir los objetivos que se plantearon en aquella ocasión.
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Las empresas en su momento aceptaron el plan de viabilidad propuesto por la Autoridad Portuaria establecido para compensar la la llamada «deuda histórica» de la Sagep. Una medida que consiste en bonificar con 0,80 céntimos la descarga de cada contenedor de transbordo, para incentivar el tráfico y contrarrestar la deuda corporativa, pero que también implicaba la solución de todos los conflictos judiciales entre las propias empresas y con la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Hay que recordar que prácticamente desde 2015 en que está activa esta carencia, las empresas no han bajado prácticamente la deuda, a pesar de seguir aplicando la tarifa máxima empresarial, que les ha permitido ganar 2 millones de euros, o lo que es lo mismo, bajar los costes operativos de la estiba y obtener mayores beneficios.
Ibarra no quiere asumir la responsabilidad de una nueva prórroga, a la que la abogacía del Estado le ve ese tufo a mala gestión. Y mucho menos lo quiere hacer como lo hizo el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona en 2019, que renovó la carencia por cuatro años, que el propio Ibarra tramitó en 2015, sin pasar por la casilla de salida, es decir, por el consejo de administración, o por Puertos del Estado.
En este galimatías, además, una parte de la deuda, 3,75 millones de euros, le corresponden a los estibadores, por activa o por pasiva, por salarios que han dejado de percibir. Quizá por eso, el propio consejo del CPE, y a pesar de la «difícil situación económica» que atraviesa, aprobó un incremento salarial del 5,8% a los trabajadores portuarios.
La clave está, y que nadie se lleve a engaño, en resolver en los próximos tres meses, en los que aún está activa la carencia, la situación de las demandas judiciales cruzadas, y en un plan de viabilidad que afronte racionalmente el pago de la deuda sin «castigar» la tarifa, como hasta ahora.
