El Gobierno regional estudia la creación de la Autoridad Portuaria de Canarias, un nuevo órgano concebido para reforzar la coordinación estratégica del sistema portuario del Archipiélago y mejorar la coherencia en la planificación y proyección exterior de los puertos canarios. La propuesta contempla un modelo de presidencia rotatoria, que recaería de forma alterna, por un periodo de dos años en las Autoridad Portuaria de Las Palmas, y por un periodo de un año en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y con el mismo periodo el organismo público Puertos Canarios.
La iniciativa parte de la necesidad de afrontar de manera conjunta retos comunes como la competitividad internacional, la transición energética, la digitalización de los procesos portuarios o la posición de Canarias en las grandes rutas marítimas. En este contexto, la futura Autoridad Portuaria de Canarias se plantea como un órgano de coordinación y diálogo, sin menoscabo de las competencias que actualmente ejercen las autoridades portuarias estatales en cada provincia.
Algunas fuentes apuntan a que detrás de esta iniciativa también está Puertos del Estado, que estudia un modelo de integración similar para todas las comunidades autónomas.
Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas se valora el planteamiento como una oportunidad para avanzar en una visión compartida del sistema portuario canario, especialmente en aspectos estratégicos que trascienden el ámbito insular, como la captación de tráficos, la relación con África Occidental o el posicionamiento de los puertos como nodos logísticos de referencia en el Atlántico medio.
En términos similares se pronuncian fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que destacan la importancia de reforzar los mecanismos de cooperación institucional y de trasladar una imagen de unidad en los foros nacionales e internacionales, respetando al mismo tiempo la singularidad y especialización de cada puerto.
Según fuentes conocedoras del proyecto, la APC nacerá con el objetivo de acabar con duplicidades, solapamientos y debates estériles… creando, eso sí, un nuevo nivel de decisión, tres comisiones técnicas, dos observatorios estratégicos y un consejo asesor ampliado “para garantizar la agilidad”.

El nuevo organismo contará con competencias estratégicas de alto valor añadido: emitir recomendaciones no vinculantes, elaborar planes marco de planes ya existentes y, especialmente, organizar jornadas para explicar esta nueva iniciativa.
Entre sus primeras medidas se prevé la creación de un logotipo integrador -en el que se está trabajado-, un lema inspirador —aún por definir— y una sede institucional “itinerante”, para evitar agravios comparativos y maximizar los desplazamientos.
Presidencia de la nueva Autoridad Portuaria de Canarias
El esquema de presidencia alterna busca garantizar el equilibrio territorial y la corresponsabilidad en la toma de decisiones, evitando concentraciones de poder y fomentando una gestión compartida de los grandes ejes estratégicos. El nuevo organismo actuaría como espacio de consenso, planificación y representación conjunta, con especial atención a las relaciones institucionales, la coordinación normativa y el intercambio de buenas prácticas.
La presidencia rotatoria se resolverá mediante un sistema de transición “ordenada y transparente” para que nadie se sienta menos capitán que el otro: el día del relevo, el sillón oficial viajará en barco entre islas, escoltado por una comitiva institucional, para simbolizar la cohesión portuaria y, de paso, justificar una agenda de actos.
En el sector portuario, la noticia ha sido recibida con una mezcla de expectación y sano escepticismo. Empresarios, operadores y profesionales celebran que, por una vez, la broma llegue antes que la norma, y confían en que el espíritu del 28 de diciembre sirva para recordar que la competitividad portuaria se juega más en los muelles que en los organigramas.






