Según los datos de EUROFUND, espacio de análisis socioeconómico compuesto por la comisión europea, empresarios y sindicatos, 40 millones de trabajadores de la UE se beneficiaron de ayudas públicas para el mantenimiento del empleo (3,4 millones en España) por la crisis del COVID.
Para saber la dimensión económica de esas medidas, en la crisis financiera de 2009 estas ayudas afectaron a 1,8 millones de trabajadores protegidos con un coste de 12.300 millones de euros, frente a los 100.000 millones de coste de las ayudas al empleo por el COVID.
Así y todo, la tasa de paro europea llegó al 11,5%, con gran disparidad de afectación entre los países que la componen, en la que España llegó “oficialmente” al 16,26% y al 30% si la estadística hubiera incluido a los trabajadores en ERTE.
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En cuanto a Canarias, los datos fueron mucho más intensos, llegando a 231.527 trabajadores en ERTE más 225.900 parados “oficiales” y una tasa de paro del 21,55%, que hubiera subido al 43,6% con los trabajadores en ERTE.
Una cifra mareante, cuando, además, gran parte de los trabajadores fueron públicos, que no se acogieron a los ERTES, por lo que podríamos decir que, en Canarias estuvimos al borde del abismo económico y presupuestario, afortunadamente apuntalado por los fondos europeos, sin los cuales ni siquiera estaríamos hablando de recuperación a corto o medio plazo.
Ahora toca replantearse el exceso de burocracia que ahoga la puesta en marcha de iniciativas público-privadas, recuperar la senda de la productividad, trabajando más intensamente sobre el absentismo laboral y la economía sumergida, y el adelgazamiento de la Administración Pública reduciendo la burocracia y potenciando la administración electrónica.
En definitiva, más eficiencia y menos presión fiscal.
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