En un intenso congreso, el primero, sobre eólica marina en España, que se celebra entre hoy y mañana en Bilbao, la información ha sido tremendamente enriquecedora. Pese a ello, ha flotado sobre él una constante que se repite en éste y otros foros y entre los grandes operadores.
En el puzzle de piezas que hay que encajar, el primero de ellos es el denominado POEM, ni más ni menos que la regulación de los espacios disponibles para la instalación de molinos eólicos offshore. Todo apunta a que es la mayor demanda de todo el sector en estos. momentos. España, probablemente un país llamado a tener un lugar destacado en el sector, empieza a perder puestos por esta inexistencia de regulación. Otros países ya han empezado las subastas y por ello ya han tomado la delantera. En España, cuyo inicio está previsto en Canarias, la primera subasta eólica, tendrá lugar en 2023.
Otro de los aspectos que han ocupado una parte del debate ha sido la incertidumbre que genera la posibilidad de que se produzca un cuello de botella a la hora de aprobar proyectos eólicos offshore ya que, una vez reguladas las ubicaciones, entra en juego la tramitación de los permisos ambientales en cada región y en cada localización. Los funcionarios se enfrentarán a situaciones de presión ante un tipo de proyectos nuevos que obligará a ir con pies de plomos a las administraciones locales, a los funcionarios. Esta incertidumbre, ha generado la necesidad de solicitar una ‘ventanilla única’ para agilizar estas situaciones y evitar contradicciones entre las administraciones implicadas, y se demanda, además, dotar a la administración de más personal y más preparados para que los plazos se acorten lo más posible. En estos momentos se calcula que se tardarían alrededor de 5 años en tener la tramitación completada.
La Asociación Eólica Empresarial y los grandes actores del sector eólico offshore, también tienen claro que el aspecto social es clave. La eólica va a irrumpir en zonas costeras más o menos alejadas, tradicionalmente dedicadas a la pesca, al turismo o al ocio, y hay que hacer un esfuerzo ímprobo para trasladar y hacer cómplice a la ciudadanía de los beneficios que aporta, y la capacidad de convivencia que tiene con esos otros sectores tradicionales y productivos, a nivel local. Hay que lanzar campaña de concienciación, una de las premisas para favorecer esta situación. Como me dijo una de los ponentes, «llega un nuevo vecino al barrio y tenemos que aprennder a convivir con él».
Por último, las denominadas ‘subasta’ generan preocupación. En estos momentos se está trabajando en su diseño, y el debate ha estado centrado, en primer lugar, en definir un calendario de subasta. Pero la subasta en sí misma supone un proceso de precualificaciones financieras y técnicas y calificación de los operadores y de los proyectos, donde además el precio será un criterio fundamental.
Y se anotó con un amplísimo consenso que el equilibro para el diseño y la asignación de estas subastas debe poner el acento en criterios claramente medibles, cuantificables y ponderables y huir de criterios que generen encarecimiento del proyecto, especialmente de tipo social. En síntesis se trata de que los proyectos sean competitivos.
Al final de debate se habló del acceso a la conexión, una vez que los parque estuvieran terminados, un tema complejo porque puede depender de terceros operadores. Hay que garantizarlo en el momento en que se adjudica la subasta. Los grandes del sector defienden que debe ser el adjudicatario en que lo lleve integrado en su proyecto para tener esa garantía, pero los propietarios, gestores o concesionarios de la red eléctrica tienen mucho que decir al respecto.
En todo caso, una palabra que sonó durante todas las intervenciones fue Canarias, probablemente, será el punto de partida, por ser un campo de ensayos en sí mismo, por su dependencia energética, y porque reúne todas las condiciones de viento y geográficas óptimas para ello. Veremos si el horizonte 2030 está tan lejano como parece o al final habrá una carrera contrarreloj para cumplir las previsiones.
