Desde el final de la pasada legislatura, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, se iniciaron las conversaciones para el impulso definitivo de la línea marítima entre Fuerteventura y Tarfaya, tras un intento fallido por parte de Marruecos de ponerla en marcha con operadores del país, y bloquear la iniciativa a operadores españoles o canarios.
Esta líneas arrancó en 2007 y dejó de existir en 2008 a raíz de un accidente marítimo a la salida del Puerto de Tarfaya que obligó a varar el ‘Assalama’ de Naviera Armas en esa ubicación, donde aún hoy se encuentra, como símbolo de un fracaso.
Retomada ahora, en este que parece el arranque definitivo, el tándem formado por el Grupo Newport y Hamilton y Cía ha tomado las riendas privadas para la puesta en marcha de esta línea. Curioso, en un primer momento, que no haya ninguna naviera, ni local, ni nacional, ni internacional, interesada en este proyecto.
Un proyecto que para algunos se antoja poco o nada viable si no se reconvierte en una línea que tenga origen y término en uno de los dos puertos de interés general que hay en Canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, únicos enclaves con capacidad para generar movimientos de mercancías con Tarfaya.
Según algunas fuentes consultadas, la aventura de Newport y Hamilton tendría un coste semanal que oscilaría entre los 60 mil y los 120 mil euros, solo teniendo en cuenta el chárter del buque que haría la línea, y donde además, lo habitual es que haya un compromiso contractual por un periodo de tiempo mínimo de alrededor de 6 meses o un año, con lo que estaríamos hablando de una inversión de entre 1,5 y 3 millones de euros. A todo ello hay que sumar, combustible, carga y descarga de mercancías, etc, por la parte privada. Un coste difícil de asumir si tenemos en consideración que uno de los dos socios no se encuentra en su mejor momento económico, con tensiones de tesorería que le han obligado a incumplir reiteradamente con su proveedores en Canarias.
Además, y como bien dice la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, a pesar de que el Puerto de Puerto del Rosario dispone de una terminal pública, que por cierto habría que pagar en cada operativa, lo más determinante es que es la administración estatal quien tiene que solventar la puesta a disposición de los servicios de fronteras y aduanas, dotando al puerto de esas infraestructuras y recursos humanos, especialmente Guardia Civil, Agencia Tributaria, Sanidad Exterior, etc. Hay que recordar que puertos como el de Las Palmas y especialmente el de Tenerife llevan años reclamando la ampliación de sus plantillas para agilizar la entrada de mercancías, que a veces por la falta de estos recursos, sufre retraso, especialmente los fines de semana.
Esta iniciativa, que aparentemente cuenta con el apoyo unánime del Gobierno y de muchas instituciones, ha activado algunas alarmas. Así lo han manifestado los cabildos de Gran Canaria, Tenerife, Asaga y el propio Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, poniendo el foco en el riesgo de la entrada de plagas si no se pone el foco en este aspecto y se extreman las precauciones. Por otro lado, también Asaga y Quintero han coincidido a que la iniciativa abre la puerta a la competencia desleal de productos agrícolas marroquíes frente a los canarios, teniendo en cuenta que ni los controles fitosanitarios, ni las condiciones laborales del sector son equiparables.
Qué duda cabe que la línea marítima de Fuerteventura-Tarfaya potenciará las relaciones económicas, sociales y culturales entre Marruecos y Canarias, y qué duda cabe que el interés político del proyecto es alto y colocará a Canarias en un escenario internacional de relaciones con otro país. Pero no es menos cierto que necesitará del apoyo económico público para su puesta en marcha, y ésto abriría una peligrosa puerta a la petición generalizada de ayudas por parte de otras líneas con el continente africano.