La Autoridad Portuaria de Las Palmas hizo público ayer su nuevo organigrama en el que lleva trabajando muchos meses con el objetivo de dotar al ente de una estructura óptima y más implicada con la gobernanza portuaria que permita afrontar los retos que tiene el Puerto con las máximas garantías.
El elemento clave de esta nueva estructura de personal es la de dotar a los técnicos de mayor capacidad para ejercer su trabajo subiéndoles la categoría a aquellos que por las circunstancias cuentan con directivos en sus áreas que no están desempeñando su función como tales, por diversas circunstancias, bien porque está de baja desde hace meses, o porque algunas de sus decisiones han puesto en entredicho la transparencia con la que debe actuar la Autoridad Portuaria. Una decisión que está, además, alineada con Puertos del Estado, por lo que supone de mejora de la gobernanza.
Otro de los elementos polémicos, más por desconocimiento que por causalidad, es la dependencia directa del auditor de control interno, una reciente contratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en la persona de José Rafael Díaz, del consejo de administración, algo que la ley exige, ya que no puede depender de ningún cargo electo y si directamente del Consejo.
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Aunque no han trascendido los nombres ni de los técnicos que pretende promocionar la Autoridad Portuaria a un nivel superior, ni de aquellos directivos que el ente portuario quiere relegar a una categoría inferior, que en todo caso no afectaría a su sueldo ni a sus condiciones de despido, lo que sí se sabe y corre por los pasillos de la Autoridad Portuaria y del sector portuario en general es que el objetivo es poner a un lado a aquellas personas que no asumen su responsabilidad, que además están cerca de la jubilación y que el puerto quiere desplazar sin castigo, por el interés general y las demandas del sector para optimizar el complejo funcionamiento de un estamento como la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
No va a ser un camino fácil, porque muchos de los que han manifestado su disconformidad son los mismos que según manifiesta la intervención en sus informes cobran pluses de residencia por encima de lo permitido, motivo por lo que en su momento el Tribunal de Cuentas llamó al orden a la institución y al propio presidente Luis Ibarra, y que en bloque los afectados demandaron en los tribunales reclamando que se debía seguir aplicando.
Aunque los sindicatos minoritarios en el puerto ha elevado su rechazo a la propia Autoridad Portuaria y a Puertos del Estado, este último estamento es perfectamente conocedor de la situación y promueve que se optimice la estructura de personal para no perder competitividad y mejorar la mencionada gobernanza, a pesar de que algunos de estos sindicatos sin apenas representación manifiesten su rechazo a «a que los procesos de selección se orienten en función de objetivos de interés para la empresa», una forma de perpetuar los privilegios de algunos.
Algunos empresarios con los que hemos contactado para tener su opinión, no han querido entrar en quienes suben o bajan de categoría, lo que sí han expresado a este medio es que «ya era hora de poner orden en esa casa, donde, por motivos que desconocen, muchos directivos no están en su puesto ni se les epera, algo que ocasiona retrasos en expedientes que a la postre les ocasiona perjuicios económicos a las empresas y pérdida de competitividad del puerto».
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