En el ecosistema económico de Gran Canaria se está librando una batalla que, aunque todavía no ha estallado públicamente, amenaza con alterar los equilibrios de poder del empresariado insular. Las elecciones de la Cámara de Comercio de Las Palmas, previstas para este año, han activado una serie de movimientos políticos y empresariales que apuntan a un intento claro de tomar el control de una institución clave en la representación del tejido productivo de la isla.
Detrás de esa operación, según relatan fuentes del propio sector, se estaría gestando una alianza política con un objetivo concreto: influir en la dirección futura de la Cámara y, con ello, en uno de los principales órganos de representación empresarial de Canarias, y no por ello menos importante, obtener representación en instituciones como la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
La Cámara, objetivo estratégico
La Cámara de Comercio no es una institución menor. Históricamente ha sido uno de los centros de gravedad del empresariado grancanario, un espacio desde el que se canalizan intereses empresariales, relaciones institucionales y posicionamientos estratégicos sobre el desarrollo económico de la isla.
de interés ↷
Women Advancing in East Africa’s Maritime Law Enforcement
More information at: https://financialports.com/women-advancing-in-east-africas-maritime-law-enforcement/
Las elecciones camerales se han convertido en un escenario de alto voltaje.
Según diversas voces del sector portuario y empresarial, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, estaría interesado en intervenir en la Cámara en el próximo proceso electoral. Un movimiento que no se entiende sin observar las alianzas que se estarían tejiendo en paralelo.
La lectura que hacen algunos actores del sector es clara: se estaría intentando articular una mayoría que permita orientar el futuro de la Cámara hacia posiciones alineadas con determinados intereses políticos y empresariales.
En ese tablero politizado aparece el nombre de José Mayor, una figura que desde hace años mantiene una presencia constante en los entornos de poder empresarial vinculados al puerto, y en los últimos tiempos muy arropado por Antonio Morales. Y ello, a pesar de que algunas apuestas le hayan salido rana, como el tropiezo hace años para alzarse con la presidencia de Asocelpa, o la batalla por acceder a la representación en el Consejo de Administración del Puerto, donde el Gobierno de Canarias ha vuelto a ratificar a Fedeport como el representante legítimo del sector empresarial por la amplitud y el volumen de sectores que representa. O más anecdóticamente, que que el Ayuntamiento de Las Palmas lo haya propuesto en el último ejercicio para un premio de la Fundación Puertos de Las Palmas y que su candidatura haya tenido cero apoyos. O que algún medio lo defina como cabeza visible de la brújula moral de la comunidad portuaria de Las Palmas.
Una obsesión por el control
El relato que circula en determinados círculos empresariales es el de una estrategia sostenida en el tiempo para situar a determinadas personas en órganos clave de decisión.
Según estas fuentes, el objetivo final sería que Mayor termine ocupando el asiento de la Cámara en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, un puesto de enorme influencia en el ecosistema económico de la isla.
La obsesión por ese asiento, dicen quienes conocen de cerca estas dinámicas, se ha convertido en una constante.
La idea que se estaría trasladando es que los empresarios deberían tener una mayor presencia directa en ese órgano. Sin embargo, otros actores del sector recuerdan que esto ya es así, que quienes se sientan en ese consejo ya representan a colectivos empresariales amplios, alejados de intereses particulares.
El debate, por tanto, no es solo institucional, sino también de modelo: quién representa realmente al tejido empresarial y con qué legitimidad.
Un tablero donde confluyen viejas rivalidades
La pugna por el control de la Cámara se produce además en un contexto de tensiones acumuladas dentro del ecosistema portuario y empresarial de Las Palmas.
En los últimos años se han sucedido enfrentamientos entre asociaciones empresariales, operadores portuarios y determinados grupos de influencia que compiten por el liderazgo sectorial.
La fragmentación del tejido empresarial y las rivalidades históricas han creado un terreno fértil para este tipo de operaciones de poder.
A ello se suma la percepción, cada vez más extendida, de que algunas decisiones estratégicas en el ámbito portuario se están viendo condicionadas por estas luchas internas.
El riesgo de politizar el empresariado
Más allá de nombres concretos, lo preocupante del escenario actual es la creciente politización de las estructuras de representación empresarial.
La Cámara de Comercio debería ser, por definición, un espacio de consenso empresarial, no un instrumento en la lucha política.
Sin embargo, cuando determinadas estrategias pasan por construir mayorías para controlar instituciones empresariales, el riesgo es evidente: que estas organizaciones pierdan su independencia y su función original.
En un momento en el que los puertos canarios afrontan retos estratégicos —competencia internacional, transición energética, transformación logística— lo último que necesita el sector es que sus principales instituciones se conviertan en campos de batalla.
La pregunta que queda en el aire es evidente: ¿se está preparando una operación política para controlar la Cámara de Comercio de Las Palmas?
Si es así, el empresariado de la isla debería decidir si quiere que su principal órgano de representación sea un instrumento de poder o una institución al servicio del desarrollo económico de Canarias.
Lo cierto es que detrás de esta batalla subyace el desenlace de la pugna por la presencia en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, revalidada por Fedeport. Por tanto, queda dar la batalla en la Cámara de Gran Canaria. Y la cámara va a unas elecciones. Y en este contexto, alguien ha pensado que, en el supuesto de que se pacte una única lista, dando continuidad a la presidencia actual, en manos de Luis Padrón, y al resto de la asamblea, será viable convencer al presidente de que ceda el asiento de la Cámara en el Consejo del Puerto. Quizá no han tenido en cuenta que la representación es del presidente, y no hay ningún mecanismo que fuerce a ceder ésta a delegar la representación en otro representante cameral. O quizá han minusvalorado la capacidad empresarial para que el vocal del Puerto en la Cámara de Gran Canaria cambie de manos. El tiempo lo dirá.
Cargando ...
