Intervenidos 296 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío y ocultos entre lechugas en un camión frigorífico, 80 kilos de hachís hallados en un doble fondo en las puertas de carga de un remolque, ocho embarcaciones, media docena de motores fueraborda, cuatro remolques, tres cabezas de camión, entre otros muchos efectos.
Asentado en Cádiz y Málaga, el entramado contaba con una amplia red de colaboradores en Andalucía, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal, asentada en las costas de Cádiz y Málaga, presuntamente dedicada al tráfico de drogas a través de la preparación y acondicionamiento de narcolanchas para el transporte marítimo de hachís procedente de Marruecos. Una vez importadas, las sustancias eran ocultadas en naves industriales de alquiler para, posteriormente, ser transportadas por carretera en camiones a países como Francia, Bélgica y Países Bajos. El entramado contaba con una red de colaboradores en Andalucía, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.
La macrooperación ‘Viñas’ se ha desarrollado en nueve fases operativas y ha culminado con 21 personas detenidas, además de la intervención de 296 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y ocultos entre lechugas en un camión frigorífico, 80 kilogramos de hachís hallados en un doble fondo en las puertas de carga de un remolque, ocho embarcaciones, media docena de motores fueraborda, cuatro remolques, tres cabezas de camión, 4.200 litros de combustible y unos 16.000 euros en efectivo, entre otros efectos.
Alquiler de naves industriales sin actividad aparente
La investigación se inició a mediados de 2021 tras la detección de un grupo criminal dedicado, presuntamente, al tráfico de hachís en grandes cantidades. Para desarrollar la actividad ilícita, la trama se proveía de embarcaciones con motores potentes que les permitían realizar rápidos trayectos entre las costas del Campo de Gibraltar y Marruecos -lugar de procedencia de las sustancias-. Los agentes constataron que la presión policial en las costas de Cádiz y Málaga habría llevado a la organización a extenderse por otras zonas, contando con una extensa red de colaboradores en Almería y las regiones de Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.
Según las diligencias practicadas, la trama alquilaba naves -sin actividad comercial aparente- donde acondicionaban las narcolanchas con motores de gran potencia, sistemas de navegación y, en definitiva, la electrónica y elementos necesarios para la singladura. Una vez preparadas las embarcaciones, eran trasladadas en camiones y remolques a las costas del Campo de Gibraltar donde las botaban al mar. La droga importada desde Marruecos era posteriormente oculta en las naves y preparada en camiones que partían por carretera hasta países europeos como Francia, Bélgica y Países Bajos.
Cogollos de marihuana entre lechugas
En una de las fases iniciales de la operación ‘Viñas’ realizada en una nave industrial de Corbera (Valencia), los agentes intervinieron 296 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío en diferentes bolsas ocultas entre lechugas, en el interior de un remolque frigorífico, y detuvieron al conductor y su acompañante.
En otra fase posterior desarrollada en Murcia, los agentes intervinieron en 40 paquetes de hachís con un peso total bruto de 80 kilogramos en los dobles fondos de las puertas de un remolque. La fase concluyó con ocho detenidos y siete registros en Murcia, Almería, El Ejido y Córdoba.
La investigación se extendió hasta fechas recientes con un total de 21 personas detenidas por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, contrabando y pertenencia a organización criminal, y la intervención de una amplia logística destinada al tráfico de drogas: ocho embarcaciones, media docena de motores fueraborda, cuatro remolques, tres cabezas de camión, una grúa para mover embarcaciones neumáticas, 4.200 litros de combustible, entre otros efectos.
Asimismo se llevó a cabo sobre los investigados una investigación patrimonial que permitió la prohibición, por parte de miembros de la trama, de enajenar y disponer de una flota de 45 vehículos -valorados en 1.472.000 euros- y de un inmueble valorado en otros 150.000 euros.