La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha firmado un protocolo de colaboración con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para reforzar las ayudas transitorias al transporte público colectivo del archipiélago y, así, elevar al 50% el descuento en los abonos y títulos multiviaje.
La mejora se acuerda en el contexto de las medidas aprobadas en el Real Decreto ley 11/2022, de 25 de junio, y 14/2022, de 1 de agosto, para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, como el extraordinario incremento de los precios, entre otros objetivos.
«El protocolo que, junto con el presidente de Canarias, acabamos de rubricar representa la voluntad que marca nuestra agenda y determina cada decisión de este Ministerio: dotar a la ciudadanía de soluciones de movilidad y, en la medida de nuestras competencias, mitigar en los hogares las dificultades derivadas de este tiempo incierto», ha asegurado la ministra en atención a los medios tras el acto.
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No en vano, con estas medidas el Ministerio establece una ayuda directa e instantánea que los ciudadanos perciben de inmediato en sus bolsillos y contribuye a fomentar el transporte público en detrimento del vehículo privado que, unido al coste de los combustibles, supone unos costes externos muy elevados.
«Nuestro objetivo es que la apuesta sin precedentes que estamos haciendo por el transporte público, por la descarbonización y por ayudar a la ciudadanía, llegue a la inmensa mayoría de la población», ha aseverado Raquel Sánchez.
Las mejoras
El protocolo recoge una mejora de las ayudas directas estatales para elevar al 50% el descuento en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera.
Así, el Gobierno aportará fondos extra para rebajar un 20% adicional el precio de dicho a los usuarios recurrentes entre 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, siguiendo la metodología recogida en la Orden Ministerial de 15 de julio.
Los cabildos de La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, La Gomera y Lanzarote y los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria han solicitado las ayudas directas para financiar la rebaja del 30% del transporte público de su competencia, cuyo plazo para participar cerró el pasado 16 de agosto.
El cabildo de Hierro no ha solicitado las subvenciones porque su transporte público ya es gratuito. Y es que para obtener los fondos, las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales debían comprometerse a rebajar, al menos, un 30% el precio del transporte público.
Insularidad
El aumento de las bonificaciones al transporte público colectivo terrestre en esta comunidad autónoma responde a las especiales características que implica la insularidad y la necesidad de articular políticas desde el gobierno de España para favorecer la igualdad entre los ciudadanos de las islas y de la península.
«Conocemos bien lo que implica la insularidad, sabemos lo crucial que se vuelve para los canarios que, desde el Gobierno de España, se articulen políticas que favorezcan la plena igualdad entre la ciudadanía española, sea del archipiélago o de la península. Somos conscientes de que aún es mucho lo que nos queda por hacer, pero, asimismo, sabemos bien lo mucho que hemos avanzado», ha señalado la ministra.
Ayudar a las familias
El objetivo de estas subvenciones es promover el uso del transporte público en la movilidad cotidiana y ayudar a las familias a acudir al trabajo, a los estudios o los centros sanitarios, a los servicios públicos, aliviando su bolsillo en un momento marcado por fuerte incremento de los precios fruto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el alza de las materias primas y la energía.
En este contexto, ambas administraciones defienden que las políticas públicas deben centrarse en dar soluciones de movilidad a los ciudadanos de forma que se resuelvan de la manera más adecuada, y con el uso más eficiente de los recursos públicos, sus necesidades de movilidad reales.
Es necesario por tanto un trabajo de coordinación y encaje de las políticas de ayudas transitorias a la movilidad en transporte público a las especiales circunstancias geográficas y administrativas de las regiones insulares, para que sean de utilidad a los ciudadanos.
El protocolo busca, así, asegurar una adecuada coordinación entre ambas administraciones para configurar las medidas de ayudas transitorias a los usuarios recurrentes del transporte público terrestre en el archipiélago.
Los compromisos financieros que resulten necesarios para lograr el objetivo previsto en este protocolo se instrumentarán a través de los oportunos convenios que regulen en detalle las conclusiones del trabajo de coordinación y encaje que establece el presente protocolo de colaboración.
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