A pesar de que el Puerto de Las Palmas inició los trámites para una concesión a Totisa Holdings en el año 2019, tras superar un trámite de competencia, tortuoso, por cierto, que pretende construir y explotar una planta regasificadora que permitirá almacenar y suministrar GNL y, aprovechando esta actividad, generar energía eléctrica (70 megavatios) que servirá, además de para su propio consumo, para permitir que muchos buques desconecten sus motores, reduciendo la contaminación acústica y de gases contaminantes, y se conecten a la red eléctrica portuaria, y que el Puerto de Tenerife hizo lo propio, también a petición de Totisa Holdings en 2021, las trabas burocráticas y administrativas han conseguido frenar la solicitud en el Puerto de La Luz, y no así en el de Santa Cruz de Tenerife.
Hablamos de un proyecto innovador a nivel mundial que permitía hacer rentable el suministro de gas a buques, con una importante inversión en cada puerto superior a los 35 millones de euros, que en el caso de Las Palmas ocuparía una superficie en torno a 14 mil metros cuadrados en La Esfinge, más de 30 mil metros cuadrados de lámina de agua y alrededor de 2 mil metros cuadrados de canalizaciones subterráneas; y en el de Tenerife 26.600 metros cuadrados en la dársena cueva bermeja, 16.500 metros cuadrados de lámina de agua y 1.200 metros para canalizaciones.
Es curioso que siendo la misma región, con las mismas administraciones implicadas, además de las locales, en Las Palmas, el proyecto se encuentra empantanado a la espera de un informe ordinario de evaluación ambiental, con la oposición ya manifestada por parte del Cabildo de Gran Canaria a parte del proyecto, la de la generación eléctrica, a pesar de que su presidente ha declarado estos días que estamos en una situación precaria que nos acerca a una emergencia energética por la escasa capacidad y la obsolescencia de los equipos existentes en la isla. Por contra, en Tenerife la situación es distinta, ni se ha exigido el informe ordinario de evaluación ambiental, ni cuentan con la oposición del Cabildo.
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Puerto de Las Palmas
En el caso de Las Palmas, la compañía presenta un proyecto de impacto ambiental en el que presenta las motivaciones y ventajas medioambientales del proyecto, basadas en cuatro puntos básicos:
- Necesidad de infraestructura de GNL en el Puerto de La Luz como combustible marino.
- Reducción de emisiones contaminantes desde el Puerto de La Luz.
- Aumento en la capacidad de integración de energías renovables.
- Sustitución de combustibles pesados para la generación de energía
Puerto de Tenerife
La situación en Tenerife es bien distinta, el proyecto no ha tenido oposición por parte del Cabildo de Tenerife, ni creo que el Gobierno de Canarias o alguno de sus organismos haya presentado informes cuestionando su nocividad para la salud, como en Las Palmas. Así que avanzan según lo previsto, hasta el punto que cuentan con que la Terminal de Totisa en el Puerto de Tenerife esté operativa en 2025.
Además, en Tenerife hay que sumar la tramitación iniciada en junio de este año de una concesión para la instalación de una central eléctrica de gas natural e hidrógeno verde en el Puerto de Granadilla, que contará con una superficie total de 78.530 metros cuadrados, solicitada por Sampol Ingeniería y Obras S.A, con una inversión prevista que supera los 100 millones de euros, y que se encuentra en trámite de competencia.
En algunos círculos se comenta que Totisa da por perdida la Terminal del Puerto de Las Palmas, uno de mos motivos por los que en junio trasladó su sede fiscal desde Las Palmas a Panamá.
Esta diferente vara de medir, lamentablemente se traducirá en que llegado el 2030, una de las tres infraestructuras canarias con capacidad para el suministro de GNL a buques no podrá integrarse en la Red Transeuropea del Transporte 2030 y en el Corredor Atlántico, con lo que ello conlleva de fuga de buques a suministrarse a otros puertos, y no necesariamente a los de Tenerife, que también, sino a puertos del entorno, competidores de Las Palmas y de Tenerife, que lastrarán una parte importante del negocio portuario de suministro de combustibles, y que indirectamente arrastrará a otros negocios vinculados a él, como amarradores, remolcadores, suministradores de buques, consignatarios, y un largo etc.
Y, llegados a este punto, primero, cabe preguntarse si El Gobierno de Canarias, tramitador del estudio ordinario de impacto ambiental, ¿ve diferencias entre los proyectos?. Si es así, que lo explique, porque esto tiene mucho de competencia desleal, en un momento en el que los socios de gobierno tienen que demostrar que trabajan para Canarias, no solo para una parte de Canarias. Y segundo, dónde está la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que no ha manifestado su posición al respecto con los perjuicios que ésto le puede acarrear, y dónde están las patronales portuarias, muy activas para algunos asuntos, pero en éste que se prevé demoledor, parece que no toman partido.
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