La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha culminado los trabajos del proyecto ‘PIMA (Plan de Impulso al Medio Ambiente) Adapta Costas Canarias’, un documento que permitirá al Archipiélago conocer, por primera vez, lo riesgos a los que se enfrentan sus entornos costeros si no se toman las medidas de adaptación necesarias frente al cambio climático.
El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “estos trabajos se enmarcan dentro la Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y que su propósito principal es determinar los posibles efectos socioeconómicos y ecológicos en las ocho islas, en el hipotético caso de que se confirmen los peores escenarios sobre este fenómeno global”.
En este sentido, Valbuena recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha un ambicioso ecosistema legislativo en esta legislatura, con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética como punta de lanza, la cual obtendrá muy pronto la aprobación definitiva por parte del Parlamento regional.
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El informe PIMA Adapta Costas avanza que las consecuencias de la inacción climática podrían abarcar desde un aumento de las inundaciones episódicas con afectación directa a la población, a daños en infraestructuras claves como las vías de transporte terrestre, la desaparición de playas turísticas, la reducción de hábitats y ecosistemas y un aumento de la erosión en toda la franja costera de las islas. Los resultados recopilados responden siempre a hipotéticos escenarios de ausencia total de aplicación de medidas de adaptación.
Valbuena señaló que “el alcance e intensidad asociados a estos fenómenos, que constituyen los componentes de peligrosidad, han sido proyectados para mediados y finales de siglo XXI bajo dos hipótesis de cambio climático, una de intensidad media (percentil 50% de subida del nivel del mar) y otra de intensidad alta (percentil 95% de subida del nivel del mar)”.
Por su parte, el viceconsejero regional de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, explicó que “se espera que la variedad de situaciones probables que se puedan dar en un futuro, derivadas de la multitud de escenarios de concentraciones de gases de efecto invernadero y de modelos de ascenso del nivel medio del mar, se encuentren comprendidas entre estos modelos, y esto sirva para dar una aproximación orientativa al rango de las situaciones probables”.
Entre otros datos, se refleja que las pérdidas económicas directas estimadas, asociadas tanto a los procesos erosivos como a los procesos de inundación costera derivados del cambio climático, pueden alcanzar un 11% del PIB actual en el peor escenario de cambio climático en 2100.
Miguel Ángel Pérez resaltó que “el impacto más importante y que podrá componer hasta el 75% de las pérdidas económicas directas estimadas, corresponde a los efectos de la erosión estructural o permanente sobre las playas turísticas del Archipiélago”. “Se estima que el peor escenario climático de 2050 pueda afectar a 147 playas turísticas, con una pérdida total de superficie del 10,6%”, aseveró.
Los resultados indican un patrón este-oeste en la distribución geográfica del riesgo costero asociado al cambio climático en el Archipiélago. En este sentido, los territorios de las islas orientales, Fuerteventura y Lanzarote, estarán sometidos a riesgos significativamente más elevados en 2050 y 2100.
Teniendo en cuenta todos los impactos socioeconómicos y ecosistémicos modelizados, se han identificado 47 tramos de costa de alto riesgo acumulado en Canarias que deberán ser objeto prioritario de estudios de detalle y de planes de adaptación al cambio climático a nivel local.
El PIMA Adapta Costas garantiza la uniformidad metodológica de todas las comunidades autonómicas con el impulso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). En Canarias, la Consejería de Transición Ecológica encomendó su redacción a la Empresa Pública Cartografía de Canarias S.A (Grafcan) que, a su vez, ha contado con la asesoría y la asistencia de cuadros técnicos y científicos propios, así como del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHC) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
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