No se han hecho esperar mucho las reacciones a la sustitución en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de los representantes no afines al Gobierno de Canarias.
Los ceses del Alcalde de Agüimes y de su homólogo de Puerto del Rosario han generado las críticas no solo de esas instituciones, al entender que son municipios que albergan instalaciones del sistema portuario español, Puertos del Estado, adscritas a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sino de instituciones gobernadas por el mismo partido que rige el destino de Canarias, Coalición Canaria, como el Cabildo de Fuerteventura, que también gobierna en el propio ayuntamiento del Puerto del Rosario, y organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Asociación de Empresarias y Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER), Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura (EXCELFUERT), Asociación de Empresarios de Puerto del Rosario, y la última en sumarse, que ha sido ha sido Asociación Empresarial de la Zona Industrial de Arinaga, Aenaga.
Una de estas sustituciones ha terminado con la polémica incorporación de Airan Díaz, como representante del Gobierno de Canarias en dicho consejo, que ocupó la vacante dejada por el alcalde de Agüimes. Díaz, vinculado al sector empresarial (es vicepresidente de Fedeport, y director general de Miller y Cía, filial del Grupo Boluda Corporación Marítima), es una persona de máxima confianza del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
de interés ↷
MTC: National Port System reaches record of 17.6 million tons handled
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El Gobierno de Canarias todavía cuenta con una plaza en el consejo, tras la salida del exalcalde de Puerto del Rosario, que está pendiente de asignar y que podría ocuparse por la consejera del Cabildo de Gran Canaria de Coalición Canaria, María Fernández, o por el propio alcalde de Puerto del Rosario, también del mismo partido.
Como es obvio, no se ha cometido ninguna irregularidad, pero el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha sido hasta ahora un órgano en el que tenían cabida todas las representaciones de los municipios con instalaciones portuarias, una oportunidad para defender los intereses que afectan a dichos puertos y a las zonas en las que se hayan ubicados.
Qué duda cabe que esta multirepresentatividad territorial a veces hacía complejo llevar a cabo algunos proyectos, pero gobernar es esto, convencer y consensuar proyectos que afectan a los territorios que se gestionan.
Probablemente esta nueva configuración del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas persigue un objetivo, objetivo que se irá desvelando después del periodo estival, pero a ojo externos no parece un buen comienzo iniciar la legislatura levantando ampollas en propios y extraños.
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