Izquierda Unida Canaria (IUC) considera que la advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la operación de compra de Armas Trasmediterránea por parte de Baleària debe servir como punto de inflexión para recuperar una propuesta estratégica y que ya lanzó la formación en septiembre del año pasado, que no es otra que el Gobierno de Canarias lidere la adquisición pública de la naviera y garantice la gestión insular de un sector vital como es el transporte marítimo.
El informe de Competencia alerta de las graves consecuencias que tendría la operación en términos de alza de precios, pérdida de calidad y reducción de frecuencias en las rutas entre Canarias y la península, abocando al archipiélago a un monopolio de facto. Para IUC, estas advertencias no hacen más que confirmar lo que ya venimos denunciando desde hace meses: la compraventa de Armas ha sido una oportunidad perdida para avanzar en soberanía económica y garantizar un modelo de conectividad al servicio de la ciudadanía y no del mercado.
“Lo dijimos en su momento y lo reiteramos hoy, el transporte marítimo no puede estar en manos de intereses privados ajenos a Canarias. Este nuevo escenario debe activar de forma inmediata al Gobierno de Clavijo para que explore una vía pública que ponga el interés general por delante del beneficio empresarial”, ha señalado Saúl Alberola, Coordinador Nacional de IUC.
La organización recuerda que ya a principios del curso político advirtió de las consecuencias de la venta a Baleària, y propuso que el Gobierno de Canarias liderara una alianza público-privada con control institucional que garantizara la gestión de las rutas interinsulares y peninsulares, la estabilidad de la plantilla de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras, y el desarrollo de un modelo canario de movilidad sostenible, justo y con tarifas asequibles.
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Intervención del Gobierno de Canarias
“El rechazo parcial de la CNMC a la operación Baleària-Armas pone de nuevo sobre la mesa la opción canaria. Si ahora se abre un nuevo proceso o los activos se devalúan por riesgo de quiebra, es el momento perfecto para que el Gobierno intervenga y no repita el error de mirar para otro lado. Canarias tiene capacidad financiera, técnica y estratégica para impulsar esta operación, si hay voluntad política”, ha añadido Alberola.
Desde IUC insisten en que no se trata solo de una operación económica, sino de una decisión con implicaciones profundas sobre la cohesión territorial, la soberanía alimentaria y la justicia social en las islas. “Estamos hablando del sistema que garantiza que llegue el pan, el combustible, los medicamentos y las personas a cada isla. No podemos permitir que se decida desde un despacho en península o que se acabe malvendiendo a fondos buitre en caso de liquidación”, afirma Alberola.
Asimismo, la formación de izquierdas denuncia que el Gobierno de Canarias sigue sin dar explicaciones sobre qué plan tiene para garantizar el futuro del transporte marítimo en el archipiélago ni ha convocado un debate parlamentario sobre esta cuestión. “Si esta operación se cae, lo que no puede volver a pasar es que el Ejecutivo se limite a lamentarse. Tiene que actuar. Aún estamos a tiempo de construir un modelo canario de conectividad pública, asequible y planificada desde lo común”.
IUC insta al Gobierno a abrir un proceso de diálogo social y político para estudiar fórmulas que permitan impulsar una empresa pública insular o interadministrativa, con la participación de Cabildos, ayuntamientos, el Estado y agentes del sector. “La conectividad marítima debe dejar de ser un negocio y convertirse en un derecho. Canarias necesita gobernarse también en el mar”, concluye Alberola.
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