En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha informado de que el Gobierno Vasco ha dado un nuevo paso en la ordenación de los amarres del Puerto de Plentzia tras la resolución de las sentencias judiciales relativas a la convocatoria de adjudicación de 2021.
El pasado 18 de febrero se firmó la resolución por la que se deja sin efecto dicha adjudicación, en cumplimiento de los fallos dictados por los tribunales. Al mismo tiempo, y ante la existencia de criterios no coincidentes en algunas de las sentencias, el Ejecutivo vasco ha presentado un incidente de ejecución para que sean los propios juzgados quienes determinen con claridad cómo deben aplicarse las resoluciones y qué procedimiento debe seguirse.
Mientras se obtiene ese pronunciamiento judicial firme, las personas que actualmente ocupan plazas de amarre podrán mantener su uso en régimen temporal y revocable. Esta medida tiene carácter provisional y no genera nuevos derechos, pero garantiza estabilidad mientras se completa el proceso con todas las garantías jurídicas.
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Barredo ha subrayado que el objetivo es “ejecutar las sentencias con rigor y seguridad jurídica, evitando decisiones precipitadas que puedan generar nuevos conflictos. Actuamos con prudencia, seguridad jurídica y diálogo para dar una solución estable y justa a la práctica náutico-recreativa”.
20,7 millones para garantizar la Justicia gratuita
El Consejo de Gobierno también ha aprobado una dotación de 20,7 millones de euros para la prestación del servicio de Justicia gratuita a personas que carezcan de recursos económicos, una cifra que supone 2,7 millones más que el año pasado.
Según explicó la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, esta medida busca evitar que la situación económica de las personas les obligue a renunciar a defender sus derechos ante los tribunales.
“Se cumple así el compromiso de impulsar una justicia universal y accesible que se recoge en el programa de Gobierno”, señaló.
Nueva oficina GAZ en Donostia y cambios en la Ley de Juventud
Otra de las iniciativas aprobadas ha sido la firma de un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián para abrir una nueva oficina GAZ (Gazte Ibilbideak Abiarazteko Zerbitzua), un servicio público orientado a acompañar a los jóvenes en sus procesos de emancipación.
Las nuevas instalaciones se ubicarán en el centro juvenil Kontadores Gazte Zentroa y se sumarán a las oficinas ya operativas en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo. El servicio ofrece atención presencial, personalizada, gratuita y de acceso universal, complementando la atención online de la Red Vasca para la Emancipación Juvenil.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios PNV y PSE para modificar la Ley 2/2022 de Juventud.
La iniciativa busca introducir medidas urgentes para mejorar el régimen jurídico de las actividades de tiempo libre infantil y juvenil, reforzando tanto los procedimientos administrativos como las garantías de protección de las personas menores de edad.
Por último, el Ejecutivo vasco ha dado trámite a las cinco transferencias competenciales acordadas en la comisión mixta celebrada el pasado 16 de enero, paso necesario para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y para la asunción efectiva de las competencias transferidas.
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