La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, enterada el jueves por los medios de comunicación del inicio del expediente de declaración del Faro de Trafalgar como Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Ministerio de Cultura, desconoce actualmente el efecto que dicha protección pudiera llegar a tener sobre una concesión administrativa para su explotación.
La reforma legislativa de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante del año 2003 abrió la posibilidad de autorizar en los espacios del dominio público portuario afectados al servicio de señalización marítima usos y actividades distintos y, en particular, instalaciones hoteleras.
Con esa finalidad de diversificar los usos, Puertos del Estado -organismo que emite el informe vinculante definitivo sobre dichos usos- impulsó años después, concretamente en 2013, el proyecto “Faros de España”, con objeto de fomentar el uso de estos inmuebles como oferta de alojamiento, cultural y para dinamizar el sector turístico del entorno.
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Con este telón de fondo, se han puesto en marcha múltiples iniciativas en faros de todo el país y, bajo dicho paraguas también, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz inició, en 2015, la tramitación para otorgar una concesión administrativa para la explotación de dicha edificación con destino a centro de interpretación, hostería y hostelería que, por problemas burocráticos con la línea de deslinde marítimo terrestre, no prosperó y hubo que desestimarla en 2018.
En 2019, la Autoridad Portuaria volvió a licitar un concurso de concesión, pero como centro de interpretación y uso hostelero exclusivamente, cuya resolución se ha visto demorada debido al contencioso iniciado por la empresa adjudicataria del primer concurso.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, como no puede ser de otra forma, acatará las consecuencias que la nueva situación del edificio provoque sobre el uso y explotación del mismo y garantizará también su conservación, como ha hecho hasta la fecha.
En este sentido, la APBC recuerda que el proceso de concesión administrativa llevaba aparejada una inversión en la conservación de la torre y reclama también la asignación del 2 por ciento Cultural para poder emplearlo cuanto antes en dicha intervención.
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