El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander ha aprobado también el convenio con el Ayuntamiento de Santander para el acondicionamiento de la pavimentación del Malecón Sur de la Dársena de Puertochico, así como las cuentas anuales de la APS correspondientes a 2024.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander ha aprobado, en su reunión de este jueves, el Plan Estratégico del Puerto de Santander y su plan de acción para el horizonte 2025-2030. Un documento, alineado con los objetivos generales del Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General, que, como ha explicado el presidente de la APS, César Díaz, “definirá el futuro próximo del puerto con el foco puesto en el impulso a la competitividad de nuestro tejido productivo y social mediante instalaciones y servicios portuarios eficientes, sincromodales, seguros, sostenibles y adaptados a las necesidades de nuestros operadores”.
El plan define cinco ejes estratégicos basados en el crecimiento de los tráficos a través de la inversión y la sincromodalidad, la gestión eficiente de los recursos y el desarrollo de las personas, el impulso de la cooperación puerto-ciudad, la digitalización y la innovación y la sostenibilidad ambiental. Estas grandes áreas se concretan a través de veintidós objetivos generales a los que acompañan noventa y cuatro acciones específicas asignadas a los responsables portuarios de cada materia.
Otro de los acuerdos del Consejo ha sido la aprobación del convenio con el Ayuntamiento de Santander para la ejecución del proyecto de acondicionamiento del Malecón Sur de la Dársena de Puertochico, con el objeto de actuar sobre unos terrenos de dominio público portuario que se ubican en “pleno frente marítimo y que es necesario embellecer y recuperar”, según ha señalado Díaz.
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Por su parte, Díaz ha afirmado que este proyecto ha tenido dos premisas ineludibles desde el principio: recuperar todos los elementos identitarios del lugar, tanto portuarios como ferroviarios, para ponerlos en valor, ya que este espacio viene sufriendo un deterioro paulatino ajeno por completo al resto del frente marítimo; y ordenar los usos para que se produzca la mejor convivencia posible entre las diferentes actividades.
“Estamos muy satisfechos con el resultado final del proyecto, fruto de la colaboración con el Ayuntamiento y la lealtad institucional, para seguir avanzando en el proceso de integración puerto-ciudad”, ha asegurado el presidente de la Autoridad Portuaria.
Asimismo, el Consejo ha aprobado las cuentas anuales de la APS correspondientes a 2024, un ejercicio que ha finalizado con los mejores resultados de la historia del puerto por segundo año consecutivo, tanto en la cifra de negocios como en el resultado económico.
En el primer caso, la cifra de negocios ha ascendido a 27,1 millones de euros, un 8,0% más que en 2023. En cuanto al resultado económico, con casi 5,1 millones de euros, supone un 24,1% por encima de 2023.
Para Díaz, estas cifras “son reflejo de una gestión responsable, que nos dota de autosuficiencia financiera para seguir acometiendo nuevas inversiones y que nos permite mantener nuestro objetivo de alcanzar una cifra de negocios de 30 millones de euros en 2028”.
Por otra parte, el máximo órgano de gobierno de la APS ha aprobado una modificación de la concesión otorgada a la sociedad Roll Trailer Business Solutions, con objeto de ampliar la superficie de suelo ocupada por la misma en 10.161 m2 con lo que la superficie total de la concesión pasaría a ser de 35.599 m2. Esta decisión es consecuencia, según ha explicado el máximo dirigente del puerto, “de la previsión de crecimiento del tráfico de fibroyeso”.
Asimismo, se ha renovado el acuerdo entre la APS y el Ayuntamiento de Santander que regula las condiciones generales de utilización ciudadana de los bienes de dominio público portuario y patrimoniales ubicados en el término municipal de Santander.
Según este convenio, que tiene una duración de cuatro años prorrogables por otros cuatro, la APS se compromete a mantener el libre acceso ciudadano, mientras que el consistorio debe conservar y mantener dichos espacios en condiciones adecuadas para su uso público.
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