El consejero y la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, y los representantes de las autoridades portuarias han defendido en Bruselas que se tengan en cuenta las singularidades de las Islas para evitar un ‘efecto huída’ por parte de las navieras que operan en el archipiélago hacia territorios en los que no se aplica esta directiva
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado a la directora de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea (DG CLIMA), Beatriz Yordi, y a su equipo técnico, diferentes propuestas para analizar y evitar la pérdida de competitividad por la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS), teniendo en cuenta las singularidades del Archipiélago canario para evitar un ‘efecto huida’ por parte de las navieras que operan en el archipiélago hacia territorios en los que no se aplica esta directiva.
El consejero ha mantenido este encuentro junto con la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; y la delegada del Gobierno de Canarias en Bruselas, Cristina Domínguez.
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Pablo Rodríguez ha mostrado su profunda preocupación por este asunto que “resta competitividad y conectividad al Archipiélago. Somos conscientes de que vivimos en un territorio frágil y fragmentado, donde debemos tener muy presente la conjunción entre nuestras políticas medioambientales y la identificación de las posibles afecciones a nuestra competitividad, porque podría generar un ‘efecto huida’ por parte de las navieras que operan en el Archipiélago hacia territorios en los que no se aplica esta directiva”.
Asimismo, ha avanzado que Canarias trabajará con el resto de regiones ultraperiféricas para “lograr que se adapten estas políticas europeas”, pero no renunciamos a nuestra adaptación y a avanzar hacia la transición ecológica.
Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha afirmado que “la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS) debe ser establecido por la Organización Marítima Internacional, para que, por lo tanto, afecte al tráfico marítimo internacional por igual y no haga que las regiones como Canarias pierdan competitividad y conectividad”.
Además, ha señalado que desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas “trabajamos para mejorar día a día la descarbonización en nuestros puertos, pero el daño que nos causa la implantación de las ETS es mayor que el beneficio”.
En este sentido, ha indicado que “estamos en Bruselas para transmitir que la tasa que pagarán los buques por contaminación afectará a nuestra economía y a nuestra supervivencia. Perderemos conectividad en beneficio de otros puertos de terceros países. Nuestro avituallamiento y nuestros suministros están en peligro”, advirtió.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha reconocido que ya ha mantenido conversaciones con algunas navieras “y nos han trasladado el cese de las escalas de sus buques en los puertos si esta normativa finalmente llega a aplicarse”.
Con todo, ha indicado la importancia de continuar defendiendo las especificidades del archipiélago, así como la importancia de asegurar un tráfico marítimo internacional, “que garantice la conectividad de nuestras islas y el equilibrio de los costes de mercancías que serían difíciles de afrontar si no conseguimos la exención”.
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