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jueves, 19 de noviembre de 2026 · 02:10 · España ·
CANARIAS

Canarias defiende el uso temporal de un buque eléctrico en el Puerto de Las Palmas para afrontar el riesgo de apagones en Gran Canaria

Gobierno de Canarias - Central eléctrica flotante Las Palmas

Hernández Zapata asega que la instalación no afectará a la operatividad ordinaria del Puerto de Las Palmas. Aunque se trata de un buque de bandera turca, afirmó que deberá cumplir las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad exigidas por la normativa española y europea.

El Gobierno de Canarias sostiene que la central flotante, con capacidad para aportar hasta 100 megavatios, que se pretente posicionar en el Puerto de Las Palmas, solo entrará en funcionamiento cuando exista riesgo para el suministro y tras superar la evaluación ambiental. El PSOE reclama más información sobre sus posibles efectos en la salud, la calidad del aire y el entorno portuario.

El Gobierno de Canarias mantiene la contratación de un buque de generación eléctrica como una solución provisional para reforzar el sistema energético de Gran Canaria ante el riesgo de apagones. La instalación se ubicaría en el Puerto de Las Palmas y tendría capacidad para aportar hasta 100 megavatios al sistema eléctrico insular.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, defendió este miércoles en el Parlamento de Canarias que la central flotante será una medida “puntual y temporal” y que únicamente se pondrá en funcionamiento cuando exista un riesgo real para la continuidad del suministro eléctrico.

La explicación se produjo durante la Comisión de Transición Ecológica, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Alicia Vanoostende sobre la situación del proyecto anunciado para suplir la emergencia energética en Gran Canaria. La iniciativa parlamentaria había sido registrada el pasado mes de enero.

Según expuso Hernández Zapata, el buque actuaría como generación de respaldo una vez que se hayan activado el resto de los grupos disponibles en la isla. Su utilización, por tanto, no sería permanente, sino vinculada a momentos en los que el operador del sistema detecte un peligro de insuficiencia de potencia o de interrupción del suministro.

El consejero calificó esta opción como la “única viable” a corto plazo para cubrir las necesidades de Gran Canaria mientras se desarrollan soluciones estructurales. También señaló que la embarcación abandonaría el puerto cuando concluyan los procesos de renovación de las centrales térmicas que debe impulsar el Estado.

El Ejecutivo canario considera necesario incorporar generación adicional ante la antigüedad de parte del parque eléctrico y los avisos formulados por Red Eléctrica sobre el déficit de potencia firme en las islas. El concurso de emergencia planteado inicialmente contemplaba reforzar la generación con 120 megavatios en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura.

Hernández Zapata aseguró que la instalación no afectará a la operatividad ordinaria del Puerto de La Palmas. Aunque se trata de un buque de bandera turca, afirmó que deberá cumplir las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad exigidas por la normativa española y europea.

El barco, añadió, no podrá comenzar a generar electricidad hasta que finalice la correspondiente tramitación ambiental. El consejero destacó además la coordinación mantenida con el Ministerio para la Transición Ecológica para hacer posible la generación de emergencia en Canarias.

“Lo que no podíamos hacer de ninguna manera en el Gobierno era quedarnos de brazos cruzados”, sostuvo Hernández Zapata, quien vinculó la decisión a la necesidad de anticiparse a un posible cero energético en una isla con una elevada demanda eléctrica.

El Gobierno descarta las baterías como alternativa inmediata

Durante su intervención, el consejero rechazó que los sistemas de almacenamiento mediante baterías puedan sustituir actualmente al buque. A su juicio, todavía no existe una tecnología suficientemente madura y dimensionada para responder durante periodos prolongados a las necesidades de sistemas eléctricos aislados y de gran consumo como los de Gran Canaria o Tenerife.

El Ejecutivo autonómico presenta así la central flotante como una solución de transición, mientras se renuevan las centrales existentes, se amplía el almacenamiento y aumenta la penetración de las energías renovables.

El consejero ha señalado en intervenciones anteriores que en Gran Canaria existen alrededor de 70 megavatios en riesgo y que el coste de la solución podría situarse en el entorno de los 100 millones de euros.

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Preocupación por el impacto ambiental y la proximidad a zonas habitadas

La diputada socialista Alicia Vanoostende expresó, por su parte, la “preocupación” de su grupo ante la instalación de una central térmica flotante que utilizará combustibles fósiles y que estará situada cerca de barrios residenciales, espacios portuarios y áreas marinas sensibles.

Vanoostende señaló que la obligación de las administraciones no se limita a garantizar la continuidad del suministro, sino que también debe incluir “la máxima transparencia, la máxima seguridad y la máxima protección de la salud pública y del medio ambiente”.

La parlamentaria aludió al historial internacional atribuido al buque y a la empresa responsable de este tipo de centrales flotantes, con incidentes relacionados con derrames de hidrocarburos en República Dominicana, conflictos contractuales en otros países y proyectos en Sudáfrica que terminaron cancelados y sometidos a procedimientos judiciales.

También recordó la contestación social que generó en Gran Canaria el proyecto de la central de Totisa, ante la preocupación de los vecinos por sus posibles efectos sobre la calidad del aire, las emisiones contaminantes y la salud de la población próxima.

El PSOE pidió al Gobierno un estudio independiente que analice las consecuencias que podría tener el funcionamiento del buque sobre la calidad del aire. Entre otros aspectos, reclamó conocer las emisiones previstas de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas y gases de efecto invernadero.

Vanoostende solicitó igualmente un estudio específico sobre los posibles efectos para la salud de las personas residentes en el entorno y un plan de contingencia que determine cómo actuar ante un eventual derrame de combustible o cualquier otro accidente marítimo.

La diputada planteó además la necesidad de analizar alternativas basadas en el almacenamiento energético y consideró contradictorio que se solicite a la ciudadanía reducir sus emisiones y apostar por el autoconsumo mientras se incorpora nueva generación mediante combustibles fósiles.

El debate deja abierto el seguimiento parlamentario, ambiental y social del proyecto. Mientras el Gobierno canario insiste en que el buque constituye un respaldo indispensable y estrictamente temporal, la oposición reclama que su eventual puesta en marcha esté acompañada de mayores garantías, información pública y controles independientes.

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