Canarias tiene ante sí una oportunidad histórica: convertirse en el primer territorio de España en implantar un proyecto eólico marino flotante a escala real. No como gesto simbólico, sino como decisión estratégica de país: para acelerar la transición energética, consolidar una cadena de valor industrial atlántica y reducir, desde el aprendizaje, los riesgos regulatorios, técnicos, ambientales y sociales del despliegue comercial.
España ya ha fijado el rumbo. La actualización del PNIEC 2023‑2030 incorpora un objetivo inequívoco: en 2030 el sistema contará con 62 GW de eólica, incluyendo 3 GW de eólica offshore. Ese objetivo no se alcanzará con declaraciones, sino con una secuencia de ejecución inteligente: demostración, estandarización y escala. Y esto es especialmente cierto en eólica flotante, donde el reto no es solo tecnológico, sino también industrial y de convivencia en el mar.
Por eso, si Canarias quiere ser la primera, la respuesta no puede ser esperar. La respuesta debe ser anticipar.
El propio PNIEC 2021‑2030 ya lo señalaba: para tecnologías en desarrollo —como la eólica marina en aguas profundas— es razonable un calendario específico con volúmenes reducidos que permita proyectos de demostración o “flagship”, incluso acompañados de financiación pública. Canarias, por su condición insular y sus sistemas eléctricos aislados, es precisamente el territorio que el PNIEC identifica como “punta de lanza” para el despliegue de la eólica marina.
Ahora, además, disponemos del marco jurídico que permite avanzar sin bloquear el calendario en la subasta nacional. El Real Decreto 962/2024 ha creado el procedimiento competitivo para otorgar el régimen económico a parques en el mar, pero, lo más relevante para la innovación, ha abierto explícitamente el cauce para instalaciones renovables marinas innovadoras: el artículo 30 permite, fuera de las zonas de alto potencial definidas en los POEM, autorizar instalaciones eólicas marinas de hasta 50 MW cuando se trate de un único aerogenerador. Y el artículo 31 contempla la vía portuaria como soporte para instalaciones en dominio público portuario. Esa combinación es, hoy, la palanca de velocidad.

Canarias no parte de cero
Tenemos una ventaja diferencial que pocos territorios europeos pueden ofrecer: un banco de ensayos en mar abierto, con reserva y experiencia, que ya está siendo utilizado para prototipos reales. PLOCAN dispone de un área offshore de aproximadamente 23 km² frente a la costa nordeste de Gran Canaria, a profundidades que permiten ensayar en mar profundo. Y, sobre todo, ya existe práctica administrativa en tramitación de prototipos eólicos y su evacuación, con evaluación ambiental y procedimientos energéticos.
Y Canarias cuenta con una cadena de suministro experimentada en proyectos de alto contenido técnico y dispuesta a invertir en las infraestructuras y superestructuras con casos de éxito en los requerimientos Offshore. El empresariado y los trabajadores portuario canarios ya ha manifestado en múltiples ocasiones que están dispuestos para afrontar el reto del desarrollo y expansión de la eólica marina.
Si Canarias quiere liderar, debe elevar el listón: pasar del prototipo al piloto a escala real. Un único aerogenerador flotante de 10‑20 MW, conectado a red y plenamente instrumentado, que pruebe de forma integrada el flotador, el amarre, el cable dinámico, la operación y el mantenimiento, y que genere evidencia ambiental y de coexistencia con usos.
Ese piloto no compite con la subasta nacional: la prepara. La fortalece. Reduce riesgos, mejora el diseño de bases, ayuda a establecer criterios de coexistencia, y da seguridad a inversores e industria. Además, acelera la cadena de valor: sin puerto‑fábrica no hay eólica flotante, y España ya ha desplegado instrumentos del PRTR para que los puertos se adapten. El programa PORT‑EOLMAR permite financiar hasta el 100% de la adaptación de infraestructura portuaria, y en su primera convocatoria ha preasignado 30 millones de euros específicamente para Canarias. Esta ventana es ahora, en 2026, no dentro de tres años.
La estrategia es, por tanto, ejecutar un paquete coherente en tres frentes: primero, gobernanza y coordinación —una Oficina del Piloto que integre administraciones y acelere decisiones—; segundo, infraestructura —un proyecto PORT‑EOLMAR que reserve atraques, calados y explanadas para integración y O&M—; tercero, licenciamiento y contrato social —una Mesa Social Canaria que garantice transparencia, seguimiento ambiental robusto y reparto de beneficios con el territorio—.
El mundo nos ha enseñado el camino. Portugal levantó WindFloat Atlantic con apoyo de financiación pública europea y bancaria; el Reino Unido probó con Hywind Scotland y escaló; Japón integró demostración técnica con reconstrucción social; Francia y Noruega han usado pilotos para aprender y industrializar. La diferencia entre ser espectador o ser líder es la decisión de ejecutar el primer proyecto real cuando aún hay margen de aprender.
Canarias puede —y debe— ocupar ese espacio. No por orgullo territorial, sino porque es una contribución estratégica a la transición energética de España y a la competitividad industrial del Atlántico. La subasta nacional llegará; pero cuando llegue, España necesita llegar con certezas. Y esas certezas se construyen con un piloto a escala real, ahora, en Canarias.
La incógnita a despejar es si el famoso contenido local finalmente se cumplirá por los responsables políticos o como en otras latitudes, todo acabará en manos de empresas chinas por la tozudez en la aplicación de normas discriminatorias para la industria de la UE que favorecen a países terceros.





