El Ejecutivo, que ha trasladado también esta petición a Puertos del Estado, insiste en que el Ministerio debe velar por los intereses de las Islas para que el nuevo reglamento no ponga en riesgo la actividad económica de la región
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha trasladado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al presidente de Puertos del Estado en funciones, Raquel Sánchez y Álvaro Rodríguez Dapena, respectivamente, la necesidad de que Canarias esté exenta de la normativa europea sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, de forma permanente, por su condición de región ultraperiférica. En este sentido, solicita que intercedan ante las instancias necesarias para que se adopten las medidas pertinentes.
El consejero Pablo Rodríguez ha expresado, a través de una carta, su “profunda preocupación” por la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento y del Consejo europeo y señala que “su aplicación comportaría unas consecuencias muy graves para la región en materia de transporte de mercancías y conectividad”. Además, explica, “pondría en riesgo nuestra actividad económica en toda la región, tal y como la conocemos actualmente”.
Añade que, “aunque la directiva contempla temporalmente ciertas excepciones para trayectos con origen o destino en las regiones ultraperiféricas o entre islas, las condiciones de las islas son las que son y no dispondrán en el futuro de otras alternativas de transporte, aunque se posponga su aplicación completa en el ámbito de Canarias”. Por ello, insiste, en que la exención se plantea como la única medida que no suponga un perjuicio para el Archipiélago y su economía.
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El titular de Obras Públicas insiste en que la vía marítima es fundamental para mantener la conexión de Canarias en el transporte de mercancías con Europa y el resto del mundo. Afirma que la existencia de infraestructuras portuarias de primer nivel, muy próximas a Canarias, que están exentas del cumplimiento del citado reglamento provoca que el sistema portuario en Canarias derive “en una situación de riesgo y clara desventaja competitiva a corto plazo”.
En esta línea, destaca que compañías y asociaciones que operan en los puertos canarios han trasladado la imposibilidad de operar en igualdad de condiciones que en otras infraestructuras cercanas, como Marruecos, Mauritania, Senegal y otros estados de la costa oeste africana.
El consejero insiste en que desde el Gobierno de Canarias se van a seguir defendiendo las exenciones de tasas en el sector para no perjudicar a su competitividad, sin obviar su estrategia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. En este marco, señala que se continuarán desarrollando políticas que permitan compensar la huella de carbono en otros ámbitos, mientras se produce la transición hacia mayores cotas de descarbonización en el sector del transporte por vía aérea y marítima.
En esta línea señala que en el caso de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que cuenta con la mayor instalación del archipiélago y que cumple el papel de motor económico de las islas, se trabaja el cumplimiento de los objetivo del Marco Estratégico de Puertos de Estado, que contempla los compromisos en materia de descarbonización.
Sin embargo, puntualiza que dicha instalación no puede abordar las medidas contempladas en el nuevo reglamento, ya que le colocaría en una situación de desventaja competitiva y pondría en peligro su supervivencia. Asimismo, alerta que, a corto plazo, provocaría una caída severa de tráficos y servicios en los puertos de las islas.
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