Dos de los tres pescadores no estaban inscritos para el ejercicio de la pesca profesional.
La Guardia Civil del Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas el pasado día 6 de agosto en el ejercicio de sus funciones detectó a un pesquero profesional dentro del Puerto de Las Palmas, sin luces de navegación y la cual se hallaba calando redes de cerco en el muelle de la Vela Latina, en Las Palmas.
La Guardia Civil tuvo conocimiento tras ser alertada por el servicio de control de cámaras del Puerto de la Luz, así que, se llevó a cabo un operativo coordinado con la Policía Portuaria al efecto, concretamente con los funcionarios adscritos al Servicio de Control de Cámaras del puerto.
A las 22:45 horas efectivos del SMP de Las Palmas se personaron en el centro del control de la Autoridad Portuaria y pudieron observar a través del circuito cerrado de televisión como varios individuos estaban calando artes de cerco en dicho muelle y cobrando capturas a bordo, por ello, los referidos Agentes del Servicio Marítimo se desplazaron hasta el lugar, momento en el que llegaba el pesquero y, tras su atraque, pudieron observar cómo en el interior de dicha embarcación había más de 300 kg. de sardina fresca y que dos de los tres ocupantes no estaban enrolados para el ejercicio de la pesca profesional.
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Debido a lo anterior, se denunció por todo lo acontecido, en materia pesquera por la captura de estos especímenes en el interior de un espacio portuario, así como por incumplimiento de las normas de la Dirección General de la Marina Mercante en materia de enrole de tripulantes, quedando el pescado ilícitamente capturado en depósito de la Cofradía de Pescadores de San Cristóbal, cuyo destino se encuentra a la espera de ser donado o destruido.
Tras el traslado y pesaje del género intervenido se constató que, sin hielo, las capturas ascendían exactamente a 330 kg, y que se trataba de sardinas halachas, con nomenclatura FAO: SAA, quedando éstas en depósito de la administración de esa cofradía y a disposición de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias, siendo ésta última quien determinará su destino final.
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