La Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos y de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), denuncia el acto de aplicación del reglamento sobre acceso a aguas profundas presentado por la Comisión Europea al Consejo de la Unión Europea.
Este acto de aplicación prohíbe todas las actividades de pesca de fondo (arrastre, palangre, anzuelos, etc.) en 94 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda. A juicio de la EBFA, las consecuencias de este acto de ejecución serán dramáticas para todas las pesquerías europeas y solicita su retirada en vista de las reconocidas lagunas científicas, la falta de una consulta adecuada y de un análisis de impacto socioeconómico, así como la falta de respaldo por parte del Consejo.
Cabe señalar que, el 28 de junio, durante la votación de los Estados miembros de la UE, muchos de ellos -algunos de los cuales ni siquiera estaban afectados por este acto de ejecución- se abstuvieron en protesta contra la falta de consulta adecuada en el proceso y la debilidad de las evaluaciones de impacto que acompañan a esta posible decisión. La votación del Consejo se saldó sin una mayoría cualificada a favor o en contra del texto, un hecho extremadamente raro en los procedimientos legislativos.
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Ahora, la Comisión debe decidir unilateralmente el futuro de este acto de ejecución. Según la EBFA, a la vista de las reservas expresadas por los Estados miembros, sería especialmente sorprendente ver a la Comisión forzar su aprobación.
Propuesta del peor escenario
De los cuatro escenarios posibles propuestos por los científicos, la Comisión eligió el más restrictivo, proponiendo cerrar a la pesca la totalidad de los caladeros tradicionales. Además, los científicos reconocieron que la capacidad cartográfica obsoleta utilizada en los dictámenes científicos puede sobreestimar la proporción de los fondos marinos en los que se pesca y con presencia de ecosistemas marinos vulnerables (EMV)[1].
A juicio de la EBFA, la Comisión no se ha comprometido públicamente ni tiene la ambición de resolver este problema tan antiguo. Por ello, estas limitaciones no le han impedido cerrar zonas de pesca enteras aunque los EMV no existan o sólo existan en una fracción, descuidando y amplificando las notables consecuencias socioeconómicas para los pescadores y la seguridad alimentaria. Incluso descartó, señala, la posibilidad de incluir zonas en las que la existencia de EMV se ha determinado y cartografiado mejor. En el recuadro adjunto[2], consta un ejemplo de ello.
Según la EBFA, esta información no parece interesar a la Comisión, a pesar de que el análisis científico procede de un proyecto financiado por la UE para mejorar la protección de la biodiversidad (Programa LIFE) que contó con la participación de las partes interesadas, incluida la flota pesquera. Además, alerta, el acto de aplicación introducirá zonas de amortiguación que triplican la superficie de las zonas de veda en las que existen ecosistemas vulnerables sin que se justifique claramente su necesidad.
Así mismo, otras artes, como el palangre o la pesca con anzuelos, cuyos impactos, ya sean ambientales o socioeconómicos, aún no se han estudiado, también se verán afectadas por las vedas de forma desproporcionada. Ello obligará a estos buques pesqueros a desplazarse de sus caladeros tradicionales a otras zonas sin presencia de especies objetivo, lo que sin duda perturbará las operaciones de pesca y reducirá su cuota. Según la EBFA, algunas de estas flotas se verán afectadas por estos cierres hasta en un 75% de sus capturas actuales sin ninguna evaluación previa del impacto socioeconómico.
Un proceso apresurado sin la debida consulta
A la EBFA le sorprende que la Comisión Europea no haya llevado a cabo un proceso de consulta digno de ese nombre con todas las partes interesadas. En los últimos años se han mantenido conversaciones y reuniones de manera informal, pero nunca se ha dado la oportunidad al sector de evaluar adecuadamente la propuesta concreta presentada hace sólo 14 días. En este sentido, subraya, el sector es el más interesado en dar una respuesta útil y basada en datos científicos, pero ello requiere algún tiempo para conseguirlo, igual que la Comisión tardó seis años en hacer esta propuesta.
Así mismo, la EBFA no entiende por qué la Comisión decidió optar por el plazo más breve posible desde la propuesta hasta la votación, dos semanas, cuando podría haber dado más tiempo a las flotas afectadas y a los Estados miembros para estudiar y proponer cambios en el plan. En su opinión, ello demuestra que la Comisión no está a la altura de las normas de transparencia y debate abierto exigido a los demás.
Según Iván López van der Veen, presidente de la EBFA, «somos plenamente conscientes de que nuestra actividad repercute en el medio ambiente, al igual que cualquier sistema de producción de alimentos. También entendemos y apoyamos la necesidad de cerrar las zonas donde existen ecosistemas vulnerables como parte de una mejor protección de los océanos. Lamentablemente, este no es el caso de esta aplicación. Los caladeros tradicionales se cierran a la pesca más allá de una necesidad real, sólo para alcanzar objetivos políticos sin ningún beneficio real para la naturaleza y con enormes consecuencias para los pescadores y la seguridad alimentaria».
En su opinión, “la Comisión defiende un sistema de cogestión que, cuando se trata de sus propias decisiones, lamentablemente no se aplica en la práctica. Por el contrario, se nos presenta como reaccionarios cuando lo único que queremos es una gestión y protección eficaces y basadas en la realidad y no en el objetivo de quién cierra más kilómetros cuadrados de mar a la pesca. La experiencia es aún más dolorosa al comprobar el distanciamiento de la misma Comisión cuando se trata de la minería de aguas profundas, una actividad que a Bruselas le parece perfectamente apropiada».
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