La carta remitida esta semana por cinco exdirectivos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas —con décadas de servicio público a sus espaldas— no es un simple gesto de nostalgia institucional. Es un aldabonazo ético. Un SOS lanzado desde dentro hacia una presidencia que, a juicio de los firmantes, ha optado por mirar hacia otro lado ante una deriva preocupante: denuncias de acoso laboral, falta de transparencia, pérdida de juicios reiterada, nombramientos politizados y una gestión interna que, de ser cierta la descripción del escrito, bordea el desmantelamiento funcional.
No son palabras menores. Quienes las firman —antiguos jefes de Explotación, Dominio Público, Finanzas o Comercial— conocen el puerto como pocos. Hablan con la autoridad de quien ha levantado buena parte de su estructura moderna desde 1993, y con la frustración de quien contempla cómo el rigor técnico y la cultura del mérito parecen haber sido sustituidos por el miedo, la opacidad y la complacencia política.
El deterioro silencioso de los recursos humanos
El comunicado denuncia un panorama que, de confirmarse, resulta incompatible con los principios básicos de la función pública. Más de una treintena de procedimientos judiciales perdidos, sanciones de la Inspección de Trabajo, indemnizaciones con dinero público, y una sentencia firme por acoso laboral contra la propia Autoridad Portuaria —sin que se haya incoado expediente disciplinario alguno— son hechos que exigirían, como mínimo, una respuesta inmediata y contundente desde la presidencia.
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No se trata de diferencias de gestión o de visiones estratégicas. Se trata de legalidad, de responsabilidad institucional y, sobre todo, de ética pública. En cualquier administración moderna, la condena firme por acoso de un mando intermedio debería activar automáticamente los mecanismos disciplinarios y de prevención. En la Autoridad Portuaria de Las Palmas, según el documento, no ha ocurrido nada.
Nombramientos a dedo y vínculos partidistas
El escrito va más allá al detallar nombres y filiaciones políticas que comprometen la neutralidad de la institución. Menciona incorporaciones vinculadas directamente a Coalición Canaria —el partido de la actual presidenta, Beatriz Calzada— y familiares de responsables de Recursos Humanos, con ejemplos tan concretos que sería irresponsable ignorarlos sin una investigación clara y pública.
Si algo mina la credibilidad de una autoridad portuaria es precisamente la percepción de que las puertas de acceso al empleo público se abren más fácilmente a quienes portan el carnet adecuado que a quienes acreditan mérito y capacidad. Las reglas del juego deben ser iguales para todos, especialmente en un organismo que gestiona millones de euros de dinero público y cuya reputación impacta directamente en la economía canaria.
Transparencia: la gran ausente
El documento refleja una opacidad institucional difícil de justificar. Requerimientos incumplidos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos ignoradas, falta de publicación de sueldos, currículos y declaraciones de bienes… La ley no deja margen a la discrecionalidad: esa información debe ser pública.
La transparencia no es una concesión de buena voluntad; es una obligación legal. Cuando una autoridad portuaria desoye resoluciones firmes de los órganos de control, lo que se erosiona no es solo la confianza ciudadana, sino la legitimidad misma de la institución.
Un puerto que necesita liderazgo, no silencio
El Puerto de Las Palmas no es una oficina más de la administración autonómica. Es un motor económico, un referente atlántico, un punto de encuentro internacional que sostiene buena parte del tejido productivo de Canarias. Por eso preocupa tanto el retrato que dibujan los exdirectivos: una entidad sin responsables en áreas clave como Explotación o Dominio Público, un Departamento Comercial vacío y un clima laboral deteriorado.
Nada de eso es compatible con la competitividad portuaria que Canarias necesita para seguir siendo un hub estratégico del Atlántico Medio. Mientras otros puertos avanzan en gobernanza, sostenibilidad y digitalización, el de Las Palmas no puede permitirse retroceder en algo tan básico como la gestión interna.
Responsabilidad política y moral
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de demostrar que la confianza política no está por encima de la legalidad ni del buen gobierno. Los ciudadanos y los trabajadores portuarios merecen una respuesta clara, pública y documentada a cada una de las denuncias expuestas.
El silencio, en este caso, no es neutralidad: es complicidad por omisión. Y el puerto de Las Palmas, con su historia, su peso económico y su papel en la conectividad atlántica, no puede permitirse ni una cosa ni la otra.
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