La lonja de El Puerto de Cádiz afronta un paro el 21 de octubre por el conflicto de cobros y pagos
Vendedores, compradores y armadores anuncian el cese de actividad mientras la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz rechaza las acusaciones y defiende las medidas adoptadas.
El sector pesquero de El Puerto de Santa María ha convocado una jornada de paro en la lonja y el mercado mayorista para el 21 de octubre. La protesta responde a los problemas que vendedores, compradores y armadores atribuyen al sistema de gestión de cobros y pagos implantado en las instalaciones. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha rechazado las acusaciones y sostiene que ha trabajado para corregir las incidencias, por lo que el conflicto llega a una nueva fase con posiciones enfrentadas.
La convocatoria parte de la Asociación de Vendedores de Pescado, la Asociación de Compradores y la Asociación de Empresarios Nuevos Armadores. Las organizaciones aseguran que los problemas se arrastran desde hace ocho meses y consideran incumplidos los compromisos asumidos para alcanzar una solución. El paro afectará tanto a la subasta y compraventa en la lonja como al mercado mayorista, dos piezas conectadas de la comercialización pesquera local.
El desacuerdo gira en torno al servicio comercial de gestión integral de cobros y pagos. La documentación de la Autoridad Portuaria identifica a Soft Control Informática como adjudicataria de la ocupación y explotación de instalaciones para prestar esa función. El servicio es relevante porque articula el flujo económico entre productores, armadores, vendedores, compradores y mayoristas. Cuando se producen retrasos, errores o diferencias sobre las garantías, el problema trasciende la gestión administrativa y afecta a la liquidez de empresas y profesionales.
Las asociaciones sostienen que han presentado numerosas reclamaciones y que la respuesta no ha resuelto el funcionamiento cotidiano. Informaciones publicadas durante septiembre recogieron casi 200 quejas y una estimación sectorial de descenso del negocio. Esas cifras proceden de los representantes afectados y deben entenderse como su valoración, no como una auditoría independiente del sistema.
La Autoridad Portuaria ofrece una versión distinta. El organismo afirma haber actuado durante los últimos meses, niega falta de atención y señala que las discrepancias sobre el alcance de los avales han impedido cerrar un acuerdo. Según su explicación, el pliego contempla garantías en favor de productores y armadores, pero no en los mismos términos para todos los compradores y mayoristas. También sostiene que el anterior gestor operó sin constituir determinados avales con el consentimiento de los propios operadores.
La presidenta de la APBC, Teófila Martínez, mantuvo una reunión con representantes del sector el 28 de septiembre y pidió un plazo de quince días para buscar una salida. Los colectivos aceptaron esa espera, pero consideran insuficientes las soluciones planteadas y han optado por la movilización. La Autoridad Portuaria, por su parte, ha manifestado respeto por el derecho al paro aunque rechaza la interpretación de las asociaciones.
La interrupción anunciada tiene consecuencias potenciales sobre toda la cadena pesquera. Una lonja conecta la descarga de capturas con la formación de precios, la primera venta y la distribución posterior. Un día sin actividad puede obligar a desviar operaciones, alterar la planificación de barcos y compradores y reducir la disponibilidad de producto en los canales habituales. El impacto final dependerá de la participación, del volumen de capturas previsto y de si las partes alcanzan un acuerdo antes del día 21.
El conflicto también plantea una cuestión de gobernanza portuaria. La gestión de servicios comerciales mediante concesiones o autorizaciones requiere mecanismos de supervisión que permitan detectar incidencias, asignar responsabilidades y proteger a los usuarios. La Autoridad Portuaria no actúa como compradora o vendedora de pescado, pero administra el dominio público y define las condiciones del servicio. Los operadores, a su vez, necesitan acreditar los problemas y concretar qué cambios consideran imprescindibles.
La salida exigirá separar las reclamaciones verificables de las diferencias contractuales. Una revisión de cobros pendientes, errores documentados, plazos de liquidación y garantías podría proporcionar una base común. También sería necesario fijar un canal permanente de interlocución y un calendario de medidas. Sin datos compartidos, cada parte seguirá defendiendo un relato incompatible.
Hasta entonces, el 21 de octubre queda marcado como fecha de presión. El paro muestra que la controversia ha dejado de ser una incidencia interna y amenaza la continuidad comercial de la lonja. La prioridad para el Puerto de la Bahía de Cádiz será restaurar confianza y asegurar que la primera venta pesquera funcione con seguridad jurídica, transparencia y puntualidad.
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