La política asalta el Puerto de Las Palmas
El informe portuario del Cabildo reproduce prioridades conocidas y sirve de apoyo a críticas insuficientemente acreditadas contra Boluda. Es cuestionable su utilización política, el papel de la ULPGC y la justificación del gasto público.
El informe sobre los retos portuarios de Canarias merece una lectura crítica también por su utilización política. Sus grandes recomendaciones forman parte de una agenda conocida por el sector. Lo discutible es convertir ese diagnóstico en un argumento contra la alianza entre Marsa Maroc y Boluda, con el respaldo de una universidad pública y en plena precampaña electoral.
La lectura del informe encargado por el Cabildo de Gran Canaria a la ULPGC es clara: su tratamiento de Marsa Maroc y Boluda tiene un carácter marcadamente político. La preocupación por la competencia africana es legítima. Lo cuestionable es utilizarla para construir un relato de amenaza alrededor de un operador privado sin acreditar los mecanismos que permitirían materializarla.
El momento añade relevancia. España está en precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La campaña oficial comienza el 13 de noviembre. En ese contexto, presentar una inversión empresarial como pérdida de control sobre infraestructuras estratégicas ofrece un argumento electoral potente. Precisamente por ello, la universidad debe extremar su distancia respecto del discurso político.
El sector no esperaba que le descubrieran sus retos
Digitalizar las operaciones, formar profesionales, preparar nuevos combustibles, atraer industria y mejorar la conectividad son prioridades anteriores al informe. El sector portuario ya conocía esos desafíos y lleva tiempo trabajando en ellos. Que queden tareas pendientes no borra lo realizado ni convierte su enumeración en un descubrimiento.
Hay actuaciones documentadas. Los pliegos del proyecto Sotavento, firmados en septiembre de 2025 por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ya contemplaban medir y reducir la huella de carbono y evaluar medidas de eficiencia energética, renovables y electrificación. Boluda, por su parte, anunció en septiembre de 2026 la modernización de su terminal de La Palma con una nueva grúa STS y la renovación de su concesión, entre otras actuaciones, al igual que otros operadores. Las inversiones estaban en marcha antes de la presentación del estudio.
Un informe puede ordenar ese conocimiento y aportar análisis útil. Pero su valor debe medirse por lo que añade: prioridades, costes, plazos, responsabilidades y escenarios contrastables. Reiterar la agenda del sector no basta para justificar cualquier conclusión posterior.
Boluda como pretexto
El informe ha servido de excusa para arremeter contra Boluda Corporación Marítima, un operador con inversiones y actividad sostenida en Canarias. Esa trayectoria no lo exime de supervisión. Sí obliga a tratar con rigor una operación que afecta a su reputación y a sus proyectos.
El acuerdo anunciado contempla que Marsa Maroc adquiera el 45 % de Boluda Maritime Terminals por 80 millones de euros. Una participación relevante exige revisar pactos, vetos, información y derechos de decisión. No equivale a adquirir los puertos canarios. BMT tampoco es la Autoridad Portuaria ni engloba todas las terminales de Las Palmas.
El anexo del estudio atribuye presencia de Marsa Maroc en OPCSA a sus relaciones con MSC en Tánger Med. Esa relación comercial no acredita control societario en Las Palmas. Son debilidades concretas en una argumentación que aspira a sostener decisiones públicas.
Para afirmar capacidad de desviar tráficos hay que identificar quién decide las escalas, mediante qué contrato y con qué incentivo. La sospecha política no puede ocupar el lugar de esa prueba.
Boluda a exigido a la ULPGC y al Cabildo de Gran Canaria que retire las alusiones a la operación con Marsa Maroc
La universidad y la factura pública
La ULPGC tiene una trayectoria que merece respeto y protección. Precisamente por eso, no puede prestarse a un juego que devalúe su autoridad académica convirtiéndola en respaldo de un argumentario institucional. Su independencia se demuestra también cuestionando las premisas de quien financia el trabajo.
Pagar con dinero público este informe resulta cuestionable en la medida en que reproduce prioridades conocidas y sirve para amplificar acusaciones empresariales insuficientemente acreditadas. El Cabildo debe explicar qué conocimiento nuevo ha comprado, qué utilidad concreta aporta y cómo se garantiza la independencia del análisis. El contribuyente tiene derecho a esa respuesta.
Canarias necesita estrategia y exigencia. También necesita empresas que inviertan y una universidad que conserve su credibilidad. Utilizar el prestigio académico para reforzar una ofensiva política contra un operador privado merece una crítica tan firme como la que se dirige a cualquier inversión extranjera.
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