Llevamos unas semanas hablando con mucha intensidad de la tasa por emisiones a buques que impondrá Europa a partir de 2024, más conocida com EU ETS, y de cuál será su efecto sobre las navieras, los puertos, e incluso sobre la economía.
En estos días, las grandes navieras actualizan sus cálculos sobre el sobrecoste que supondrá tal medida, preparando a los cargadores para que lo asuman, por el bien del cambio climático.
Incluso los puertos se organizan y movilizan para hacer un frente común que convenza a Europa de lo nefasto que sería para la competitividad si no se regula bien eso que llaman puertos escalas, que no son otros que aquellos que están fuera de Europa y por tanto no están sometidos a estas tasas.
de interés ↷
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Los argumentos de todas las partes aparentemente son sólidos y están justificados, las navieras quieren moratorias, o «huirán a esos puertos libres de tasas»; los puertos quieren que los puertos competidores, aunque no sean europeos, estén sometidos a las mismas reglas, e incluso que haya excepciones a dicha tasa, como el caso de los puertos de Canarias por eso de pertenecer a las RUP; las organizaciones empresariales ya estudian cómo convencer a la administración para que haya bonificaciones, ya que las empresas serán, en último término, las que asuman este sobrecoste.
No había visto tanta movilización, de hecho casi no hubo movilización ni de las administraciones, ni de las navieras, ni de los puertos, ni de las empresas cuando los fletes marítimos tuvieron un incremento, en los años 2021 y 2022, en el que se multiplicaron por cinco, proyectando esa subida a todo tipo de bienes y productos.
Ahora hablamos de entre 5 y 500 euros por TEU, algo que no parece tan cruel como aquellas subidas donde un contenedor que tenía un flete de 1.800 euros llegó a tenerlo de 12.000 euros.
Y yo aquí hago una inflexión, o una reflexión: la ciudadanía será quien pague ese sobrecoste, como casi siempre. Será la que pague la descarbonización del planeta, será la que pague los platos rotos.
Dicho esto, y para que podamos entendernos, escojamos una ruta, p.e. de Asia a la Europa atlántica. Una ruta larga, y escojamos un portacontenedores de tipo medio, digamos que de 10.000 TEUs. Según CMA-CGM, el sobre coste será de 25 euros por TEU para el año 2024; para Maersk sería de 70 euros, para MSC sería alrededor de 28 euros; y para HAPAG-Lloyd estaría en torno a los 12 euros. Para no liarnos, cojamos la más cara, la de 70 euros. Imaginemos un contenedor lleno de melones, 20 mil kilos de melones, pues el kilo de melón tendría un sobrecoste de 0,004 euros, menos de medio céntimo. Si en vez de melones trajera 40 lavadoras, cada lavadora tendría un sobrecoste de 1,75 euros. Visto así, no parece que sea el problema del siglo.
Cierto que esto sería el primer año, donde solo se asume el 40% de la tasa, para el año 2025 sería del 60%, y para el 2026 sería el 100%. Sigue siendo irrisorio.
¿Y el miedo a que desaparezca el negocio de los puertos? Lo hay, seguro, pero si las navieras se lo cobran a los cargadores y los cargadores lo repercuten en la mercancía o producto, por qué se van a mover de los puertos?. Lo más probable es que no se muevan de los puertos, utilizarán el sobrecoste para pedir a la administración una bajada en las tasas portuarias, o cualquier tipo de compensación, pero esa es otra historia.
De lo que sí estoy casi seguro es de que casi toda la cadena de suministro querrá sacar tajada de esto, como casi siempre que hay una oportunidad, y claro, el de los platos rotos que apechugue.
Y yo sigo echando de menos que en Canarias, administraciones portuarias, Gobierno y patronales portuarias, en vez de salir mediáticamente a reclamar, se pongan a trabajar en elaborar un estudio exhaustivo de los verdaderos costes que supondría para Canarias y su cadena de suministro esta tasa, para así afrontar la situación de la manera más óptima posible. Si no, pasará lo que pasará en los próximos días en el Parlamento de Canarias, que un grupo, el Popular, presentará una Proposición No de Ley sobre este asunto, para que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a exigir ante la Unión Europea la exención total de pago de emisiones en el transporte marítimo entre Canarias y los puertos comunitarios, basándose la las opiniones que desde la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques de la provincia de Las Palmas le han trasladado como que los puertos canarios se enfrentan a una pérdida de conectividad sin precedentes que impactaría directamente en el desarrollo actual y futuro de nuestra región; que la pérdida de rutas directas internacionales tendrá un impacto directo en la balanza comercial de la región, tanto importaciones como exportaciones se verán gravemente afectadas; o que el abastecimiento de las islas sufrirá un incremento de costes y tiempos de tránsitos superiores, y que las mercancías perecederas de terceros países, sobre todo aquellos productos con una vida corta, deberán ser transportadas por transporte aéreo, con lo que supone un enorme incremento de emisiones y coste. Además, apuntan, perderemos empleo cualificado directo, y empleo indirecto; la diversificación de la economía se frustrará en la región; y las terminales portuarias de contenedores prácticamente desaparecerán.
Y todo esto sin un estudio que echarse a la boca, y cuando digo estudio no vale un powerpoint de alguien que lo prepare entre rato y rato, cortando y pegando, para que quede bonito y disimule sus fuentes.
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