Un plot twist es un cambio radical e inesperado de la trama, y normalmente se presenta cerca del final de la obra y provoca un cambio dramático en el objetivo de los personajes. Dicho de otra manera, un plot twist es un suceso que nadie esperaba y que da un giro de 180º a la historia.
Esto es lo que parece que ocurre con el proyecto para instalar una planta regasificadora y una central eléctrica en el Puerto de Las Palmas. Un proyecto, liderado por Totisa Holdings, que busca establecer una instalación para el almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), además de una central eléctrica de 70 megavatios destinada a suministrar energía al puerto y a los buques atracados.
La instalación de la planta regasificadora en el Puerto de Las Palmas representa un punto de inflexión en la relación entre la ciudad y su puerto. Mientras las autoridades portuarias defienden la necesidad de la infraestructura para el desarrollo y competitividad del puerto, la ciudadanía y las autoridades locales e insulares expresan preocupaciones legítimas sobre los posibles impactos en la salud pública y el medio ambiente. Este conflicto refleja la complejidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección del bienestar de la comunidad y el entorno natural.
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Pero vayamos a los inicios. El proyecto de Totisa Holdings fue aprobado por unanimidad en el año 2019 por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuyos miembros, incluido el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, todos gobernados en aquel momento por una coalición en la que participaban el PSOE, Nueva Canarias y Podemos, dieron su conformidad.
Hay que recordar que el Puerto debe cumplir el compromiso de tener capacidad para dotar de electricidad a prácticamente todos los buques en el año 2030, y sin un proyecto de estas características difícilmente se podrá lograr.
Impacto en la salud pública y el medio ambiente
Después de cierta controversia, hasta definir por parte del Gobierno de Canarias la necesidad de un informe ambiental ordinario, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias emitió en agosto de 2022 un informe desfavorable sobre el proyecto, señalando que podría tener efectos negativos significativos en la salud de la población de Las Palmas de Gran Canaria. El informe destaca la insuficiencia de datos proporcionados por la empresa promotora en relación con las emisiones y su impacto en la calidad del aire, algo que la empresa ha intentado complementar y rebatir, aportando un informe medioambiental- independiente.
Oposición ciudadana y política
A esta situación descrita hay que sumar que la oposición al proyecto ha crecido en diversos sectores de la sociedad. Vecinos de La Isleta, junto con colectivos sociales y ecologistas, han formado una plataforma para detener la construcción de la planta, argumentando que la ciudadanía no puede vivir de espaldas a lo que consideran una amenaza para Las Palmas de Gran Canaria.
Además, colectivos ecologistas, como Ben Magec Ecologistas en Acción, han expresado su preocupación por los riesgos ambientales y para la salud que conllevaría la instalación de un depósito de 50.000 metros cúbicos de GNL y una central eléctrica de 70 megavatios en el recinto portuario. Argumentan que esta infraestructura podría someter a la ciudad a riesgos permanentes y generar un grave impacto en la salud de la ciudadanía.
Políticamente, en fechas recientes el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han manifestado su rechazo al proyecto, alegando que la instalación de la planta de gas podría tener graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes. Y los partidos que conforman estas instituciones, PSOE, Nueva Canarias y Podemos, han hecho público su rechazo al proyecto.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas tira de hemeroteca
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, presidida por Beatriz Calzada, ha defendido el proyecto, recordando que en 2019 fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Administración del Puerto, con la participación del Cabildo y el Ayuntamiento capitalino. Calzada ha señalado que el puerto necesita generar energía para cumplir con imperativos europeos y mantener su competitividad, y cuestiona cuál sería la alternativa si se rechaza la planta de gas.
No cabe duda que el proyecto genera polémica, pero es probable que el órgano que lo debe dirimir sea la Autoridad Portuaria de Las Palmas, si alguna vez se terminan con los informes preceptivos, especialmente de de impacto ambiental. Un órgano, que por cierto, tendrá que explicar cómo se le da el visto bueno en 2019 y ahora se quiere dar marcha atrás. Y que tendrá que asumir, en caso de que lo rechace, la responsabilidad de no cumplir con el mandato europeo de tener sus muelles electrificados y con energía eléctrica para suministrar a los buques que en él recalen para que no busquen este suministro en otros puertos del entorno.
Los consejeros y las formaciones políticas «herejes» que otrora dieron el visto bueno cruzan los dedos para que el informe medioambiental prohíba la instalación de dicha planta, así su contradicción y su posición en contra de la misma no necesitará ponerse en negro sobre blanco.
Pero hace bien la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada en preguntarse ¿Cuál es la alternativa?, ya que por imperativo europeo, el Puerto de Las Palmas necesita generar, en una primera fase 42 megavatios, con un objetivo final de alcanzar los 82 megavatios, y en 2019 se aprobó que el gas era el medio apropiado. Y matiza que el coste de no atender estas necesidades energéticas es muy alto, por la alta pérdida de competitividad del puerto y la posibilidad de que los barcos prefieran recalar en otros destinos.
A lo que nosotros añadimos, como ya dijimos en otra ocasión, que los responsables políticos que se oponen tienen la obligación de responder si el Puerto de Las Palmas tiene capacidad para dotar de electricidad a los barcos sin esta central de Totisa antes de 2030.
Veremos si este plot twist o giro de los acontecimientos va camino de desdecir al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de 2019, o se solventará con la puesta sobre la mesa de un informe negativo de impacto ambiental que prohíba la puesta en marcha de esta planta en el puerto.
