El presidente de Fedeport, José Juan Ramos, ha manifestado a Infopuertos que «es una pena que un caso de éxito como es el Puerto de Las Palmas, se vea empañado por los problemas que hay en la autoridad portuaria con la competencia de quién desarrolla los proyectos. El sector privado está muy preocupado con esta situación».
El presidente portuario ha manifestado que «en teoría, los técnicos que han hecho los proyectos están capacitados, como así lo avala la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Puertos del Estado» pero, en todo caso estos conflictos de intereses profesionales que no quiso entrar a valorar, «no deben tener como consecuencia la paralización del puerto, ni de las inversiones y obras, ya que en muchos casos están vinculados directamente con la recepción de fondos europeos, que se corre el riesgo de perder. El foro para resolver estos conflictos colegiales debe de estar en otro ámbito».
Hacía así referencia al reciente requerimiento del Colegio de Ingenieros de Camino, Canales y Puertos presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para que paralice de forma cautelar la la licitación de la remodelación del dique de La Esfinge por los defectos del proyecto y estar redactado por técnicas no competentes, instando a la Autoridad Portuaria de Las Palmas que se abstenga de promover, amparar, dar cobertura o permitir que una Ingeniera Técnica Topógrafa a su servicio realice actividades reservadas a la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
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Para Fedeport, la paralización una obra trascendental para el puerto, donde esta Federación y la comunidad portuaria han hecho un esfuerzo importante para que el puerto pueda contar con más línea de atraque y superficie adyacente, indispensable para un puerto que ya se encuentra en una situación de colapso, el su efecto sobre crecimiento económico del puerto, «es inadmisible», máxime cuando los ingenieros de camino son «perfectos conocedores de la situación actual del puerto y debían haberlo dilucidado de cualquier otra forma» sin que afecte a la comunidad portuaria, incluso centrándose en cualquier otra obra que no afecta de manera tan grave al puerto y a la comunidad portuaria.
Esta reclamación ponen en riesgo 20 millones de euros de financiación europea sobre una inversión total de 30 millones.
En esta coyuntura, Fedeport, anima a la Autoridad Portuaria «a seguir con con la modernización del organigrama, ajustándose a las necesidades que demanda la situación actual, con perfiles profesionales de funcionarios totalmente distintos a los tradicionales, siendo, además, una plantilla que por su pirámide de envejecimiento clama por una renovación».
Una renovación, ha señalado, que posibilita que los órganos de gobierno (Consejo de Administración, presidente y director) del ente portuario puedan plasmar el desarrollo, que ya está de facto intervenido por la Intervención General del Estado, sin depender de decisiones arbitrarias de los funcionarios que se encuentran blindados por derechos adquiridos y no por méritos en su desempeño, y que han pretendido asumir esta función fiscalizadora, afectando a la exitosa actividad que impiden el desarrollo normal de la actividad portuaria.
