Puertos de Las Palmas autoriza la ampliación de Astican y activa la licitación del nuevo muelle del Reina Sofía
El Consejo de Administración desbloquea la transmisión de la terminal gestionada por Hamilton y pone en marcha una obra de 45,3 millones de euros que permitirá ganar 335 metros de línea de atraque.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha desbloqueado dos de las principales operaciones pendientes en el muelle Reina Sofía: la transmisión a Astican de la terminal gestionada hasta ahora por Hamilton y Cía., y el inicio del procedimiento para licitar la construcción del nuevo muelle adosado al dique Reina Sofía Sur.
Los dos expedientes fueron analizados este jueves por el Consejo de Administración extraordinario de la Autoridad Portuaria, después de que quedaran pendientes de resolución en la reunión celebrada el pasado mes de julio.
La presidenta del organismo portuario, Beatriz Calzada, explicó tras la sesión que el Consejo ha autorizado la transmisión de la concesión a Astican una vez incorporada al expediente la documentación adicional solicitada para analizar sus posibles efectos sobre la competencia dentro del sector de las reparaciones navales y los servicios offshore.
Astican suma 8.076 metros cuadrados
La operación permitirá a Astican incorporar una superficie de 8.076 metros cuadrados situada en una de las áreas con mayor interés industrial del muelle Reina Sofía.
La concesión fue otorgada en febrero de 2019 a la unión temporal formada por Hamilton y Cía. Su título establece que el 75% de la superficie debe destinarse a reparaciones navales y el 25% restante a la explotación de una terminal polivalente.
La instalación permite también manipular mercancía general y graneles sólidos no alimentarios, entre ellos barita, bentonita y cemento, materiales relacionados con la asistencia logística a plataformas petrolíferas y buques perforadores. El tráfico de contenedores queda expresamente excluido.
La transmisión había quedado sobre la mesa en julio ante las dudas planteadas por algunos miembros del Consejo sobre la concentración de superficie portuaria en manos de Astican y las consecuencias que la operación podía tener para empresas que compiten en el mercado de las reparaciones a flote y los servicios offshore.
La Autoridad Portuaria reclamó entonces una mayor motivación técnica y un análisis específico sobre la libre competencia. Con la autorización concedida, Astican deberá subrogarse en todos los derechos, obligaciones, tasas y condiciones recogidos en el título concesional original.
La incorporación de estos terrenos reforzará especialmente la capacidad del astillero para almacenar equipos, desarrollar operaciones logísticas y atender simultáneamente a buques y grandes unidades offshore.
Una obra de 45,3 millones
El segundo gran acuerdo del Consejo permite iniciar el procedimiento de licitación de las obras del muelle adosado al dique Reina Sofía Sur.
El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 45,3 millones de euros, sin incluir el IGIC, y permitirá crear aproximadamente 335 metros de nueva línea de atraque, con un calado de 20 metros y una explanada operativa de alrededor de 16.000 metros cuadrados.
La nueva infraestructura está diseñada para mejorar la atención a buques de gran porte, plataformas, unidades offshore y tráficos de mercancía general. También incrementará la capacidad operativa de una zona del Puerto de Las Palmas especialmente vinculada a la industria de las reparaciones navales.
La autorización del Consejo de Ministros para la contratación de las obras se produjo a finales de julio. El acuerdo adoptado ahora por el órgano portuario permite abrir formalmente la licitación y avanzar en uno de los proyectos más importantes del actual programa inversor de la Autoridad Portuaria.
Un cierre económico por encima de los 80 millones
El Consejo de Administración abordó también el cierre económico correspondiente al ejercicio 2025, unas cuentas que confirman el fortalecimiento financiero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el crecimiento registrado por la actividad de sus cinco puertos.
Según explicó Beatriz Calzada, la cifra de negocios supera los 80 millones de euros, mejorando los 79,38 millones alcanzados en 2024 y los 77,09 millones contabilizados en 2023. La entidad recupera así los niveles anteriores a la pandemia y se sitúa en una de las cotas de facturación más elevadas de su historia reciente.
El balance refleja igualmente un activo superior a los 900 millones de euros, con una valoración que se sitúa en el entorno de los 925 millones, y un patrimonio neto que supera los 850 millones. Los recursos propios de la Autoridad Portuaria han aumentado más de un 30% durante la última década, reforzando su capacidad para afrontar el importante programa de inversiones previsto para los próximos ejercicios.
Calzada destacó que estos resultados económicos acompañan a un ejercicio en el que los puertos de la provincia registraron cifras récord de actividad, con más de 36,5 millones de toneladas, 1,5 millones de TEU y más de dos millones de cruceristas.
La presidenta defendió que la buena situación financiera permite acometer nuevas infraestructuras sin comprometer la estabilidad de la institución, aunque el principal reto será transformar esa fortaleza económica en obras, superficie portuaria y capacidad operativa para las empresas.
Calzada alerta sobre la depuradora
Tras la comparecencia, Beatriz Calzada también mostró su preocupación por la ubicación prevista para la futura depuradora de La Isleta y por sus posibles consecuencias sobre la capacidad de ampliación del Puerto de Las Palmas.
La presidenta sostuvo que la afección para el recinto portuario puede ser “importante, muy importante” y advirtió de que determinadas decisiones sobre el reparto de los espacios podrían dejar “cercenadas” las posibilidades de crecimiento del Puerto.
Calzada aseguró que la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Puertos del Estado habían trabajado conjuntamente en una alternativa que permitiría distribuir mejor las superficies y compatibilizar la infraestructura hidráulica con las necesidades portuarias.
Según su versión, fue el Ministerio de Defensa el que no aceptó la solución propuesta. “Ha sido el Ministerio de Defensa quien, al parecer, no ha querido saber nada de esto”, señaló, aunque evitó ofrecer más detalles porque las administraciones implicadas todavía están estudiando cómo actuar.
La presidenta quiso dejar claro que no existe un enfrentamiento con el Ayuntamiento, pero insistió en que la solución definitiva no puede comprometer el futuro desarrollo del principal recinto portuario de Canarias.
La comparecencia dibuja así dos movimientos paralelos en el Puerto de Las Palmas: la ampliación inmediata de su capacidad industrial en el Reina Sofía y la defensa de los espacios que necesitará para seguir creciendo durante las próximas décadas.
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