Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), confirmó hoy que ha enviado una carta a Puertos del Estado ante la preocupación de la implantación de la nueva normativa que contribuirá a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los barcos.
Calzada explicó que con la nueva normativa se va a aplicar una tasa sobre los derechos de emisiones que lo supondrá es un «coste adicional» a las navieras a la hora de atracar, por lo que teme que si os puertos canarios no quedan exentos de esa carga pueda perder una notable conectividad porque además ha sido alertado de ello por «muchos operadores», creyendo Calzada que también vaya a conllevar un importante aumento de precios»: “Toda esa mercancía que llega normalmente en tres o cuatro semanas, pasará a tardar meses, lo que significa un encarecimiento de todos esos productos”.
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Calzada confirmó que el mismo escrito que remitió ella también ha sido enviado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Teneife y recordó que la misma normativa admite que su aplicación puede ser un importante obstáculo para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) admitiendo la posibilidad de excepciones temporales, pero que «esa distinción se nos queda pequeña porque es solo entre la RUP y su estado miembro, no nos ayudaría con los terceros países, que es por donde viene prácticamente todo nuestro tráfico marítimo”.
«Nosotros lo que queremos es que se exima a los puertos canarios de esta normativa. Esto no significa que no queramos avanzar en la descarbonización, nosotros estamos poniendo en marcha proyectos tendentes a favorecerla e investigando energías alternativas”, concluyó.
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