Tremendo este dicho, bulo o refrán que recorre los pasillos de Puertos del Estado cuando se habla de cómo funcionan las autoridades portuarias, o de cómo se hacen o se pueden hacer las cosas en esas entidades.
Sin duda Puertos de Las Palmas debe tener una manera de hacer las cosas muy peculiar. Y no lo dicen en la casa común por cómo actúan o han actuado los diferentes presidentes que ha pasado por el sillón de mando, más bien se refieren a cómo sus directivos y técnicos actúan.
Esto viene a cuento por el pulso que están manteniendo los ingenieros de caminos, canales y puertos con la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La demarcación provincial ha puesto en marcha su ventilador para dejar claro que en Las Palmas se hacen las cosas como ellos dicen o se dispara a todo lo que se mueve.
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Los últimos episodios han si, por un lado, el requerimiento a Puertos de Las Palmas para que se abstenga de promover, amparar, dar cobertura o permitir que una Ingeniera Técnica Topógrafa a su servicio realice actividades reservadas a la profesión regulada de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Claro, han omitido que dicha ingeniera lleva en su puesto la friolera de 12 años, como para darse cuenta ahora. Además, la labor que desarrolla en ese área de infraestructuras es habitualmente supervisada por ingenieros de caminos, canales y puertos de Puertos del Estado, hasta tres. Y por otro, la solicitud al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública de medida cautelar consistente en suspender el procedimiento de contratación de las obras de prolongación del dique de La Esfinge (4ª fase) en el Puerto de Las Palmas, concedida, aunque solo hasta que se resuelva la propia solicitud en los próximos días, y que no afecta a los propios plazos de presentación de ofertas, basada en los mismos argumentos de intrusismo profesional.
A nadie se le escapa que el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas mantiene un conflicto con alguno de los ingenieros de camino que prestan sus servicios en Puertos de Las Palmas, y que por mor de la circunstancias han optado por mantener una posición poco o nada colaborativa, e incluso beligerante, hasta el punto de atacar a uno de los proyectos más necesarios para el desarrollo futuro del puerto, como es la 4ª fase de la ampliación del Dique de La Esfinge. Proyecto que por otro lado, en su fases anteriores, el Colegio no emitió ningún informe ni valoración, y que terminó en un lío judicial que aunque sin condenas por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, dijo de este proyecto, que tenía un presupuesto de cerca de 50 millones de euros y estaba financiado en un 70% por fondos europeos, que era un ejemplo de “más que deficiente” gestión e “ineficiencia” en la administración de los recursos públicos. Aunque el quebranto ocasionado por los defectos en el proyecto y la ejecución de la obra no han podido ser aún oficialmente cuantificados, Puertos Las Palmas ha perdido ya más de 20 millones de euros debido a la retirada de subvenciones europeas (más de 11 millones) y a las actuaciones que ha debido acometer para solventar esas deficiencias (en torno a los 8 millones).
El juez hace suyas las conclusiones del “claro, exacto y brillante” informe de la Fiscalía, un informe que, si bien considera que no concurren los elementos para concluir que ha habido delito, al no quedar acreditada la intencionalidad ni el contubernio, lanza un duro reproche a los intervinientes en el proceso, a quienes acusa de incurrir en “graves y groseros errores” en el desempeño de su trabajo, en algunos casos, en una “más que alarmante (por exigible)” falta de coordinación en otros y, en definitiva, en una “falta del más mínimo celo en el cumplimiento de las obligaciones que por su condición profesional y/o laboral les eran exigibles”.
Nada ha dicho el Colegio de Ingenieros de Caminos en estos años cuando se les otorgaba una plaza en la administración pública solo por ser ingenieros de caminos, incluso ocupando plazas de otras áreas: jurídicas o financieras, y ahora ponen el grito en el cielo cuando otros ingenieros desarrollan responsabilidades que ellos consideran exclusivamente suyas.
Dos de los ingenieros de caminos actuales del Puerto de Las Palmas, son aquellos que se les otorgó una jefatura de área, sin otro requisito que haber sido director del Puerto, sin oposición en la administración pública, designados por una prerrogativa que estuvo en vigor hasta el año 2011, y sin que nadie levante la voz, por gestiones que han llevado al Puerto de Las Palmas a perder decenas de millones de euros por suspensiones de obras y financiaciones más que dudosas.
