La diputada de Coalición Canaria por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha trasladado al Congreso de los Diputados la preocupación creciente por la situación de la conectividad marítima en Canarias, instando al Gobierno central a actuar con urgencia ante la crisis que atraviesa el Grupo Armas Trasmediterránea.
En una pregunta parlamentaria dirigida al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Valido subraya que el transporte marítimo de pasajeros, vehículos y carga rodada constituye una infraestructura estratégica para el Archipiélago, equiparable a la red ferroviaria o de autopistas en la península. Estas conexiones, tanto interinsulares como con el territorio peninsular, están consideradas servicios de interés público sujetos a Obligaciones de Servicio Público (OSP).
La diputada advierte de que cualquier incidencia en este sistema tiene un impacto directo en la economía y el bienestar de Canarias, al tratarse del principal canal para el movimiento de mercancías, el abastecimiento de las islas y la movilidad de cerca de seis millones de pasajeros al año.
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Una crisis estructural que arrastra años
Valido recuerda que Naviera Armas, fundada en 1941, ha sido históricamente un pilar en la conectividad marítima del Archipiélago. Sin embargo, tras la adquisición de Trasmediterránea en 2017, la compañía entró en una grave crisis financiera agravada por la pandemia de 2020.
Desde entonces, el deterioro del servicio ha sido progresivo: reducción drástica de la flota —de 27 a 11 buques—, abandono de líneas y averías recurrentes que han afectado tanto a ciudadanos como a empresas. Esta situación, según la diputada, también ha distorsionado la libre competencia en el sector.
El proceso de reestructuración ha culminado recientemente con la adquisición de la naviera por parte de Baleària, en una operación que aún no ha podido desplegar todos sus efectos debido a la falta de autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Retrasos que agravan la incertidumbre
Uno de los principales focos de crítica se centra en el retraso administrativo que mantiene paralizada la intervención de Baleària. Según Valido, esta demora está generando una situación de incertidumbre que afecta directamente a más de 1.500 trabajadores, a las instituciones públicas canarias y al tejido empresarial del Archipiélago.
“La situación actual es crítica”, advierte la diputada, que denuncia que no se trata de un procedimiento administrativo ordinario, sino de un problema que afecta a una infraestructura esencial. En este sentido, critica que la lentitud burocrática esté impidiendo restablecer la normalidad del servicio y, paradójicamente, dificultando el desarrollo de la libre competencia que se pretende proteger.
Impacto económico y riesgo para el abastecimiento
El transporte marítimo no solo garantiza la movilidad de pasajeros, sino que resulta clave para el suministro de mercancías y las exportaciones agrícolas, especialmente de productos como el plátano y otros hortofrutícolas hacia la península.
El retraso en la resolución, alerta Valido, podría provocar “daños irreparables” en la economía canaria, poniendo en riesgo la estabilidad de un sistema del que depende la cohesión territorial y el funcionamiento cotidiano de las islas.
Preguntas al Gobierno
Ante esta situación, la diputada ha solicitado al Ejecutivo que aclare si es plenamente consciente de la gravedad del problema, si evalúa el impacto de los retrasos administrativos en la economía y el empleo, y si tiene previsto agilizar la resolución del expediente para evitar consecuencias mayores.
Asimismo, cuestiona si tanto el Gobierno como la CNMC son conscientes de que los tiempos actuales están bloqueando precisamente la recuperación de la competencia en un sector estratégico.
La iniciativa parlamentaria refleja la creciente presión institucional para desbloquear una operación considerada clave para garantizar la conectividad marítima de Canarias y evitar un deterioro mayor de uno de sus pilares económicos.
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