Hay medios que informan, otros opinan, y luego están los que disparan adjetivos como si fueran bengalas de emergencia, esperando que alguien —quien sea— mire hacia allí.
En ciertos rincones del periodismo marítimo-portuario, la crítica se ha convertido en un género propio, pero no del tipo analítico o argumentado, sino en su versión más tabernaria: autoridades “despistadas”, empresas “de dudosa catadura”, grupos “siempre sospechosos”, profesionales “silenciosos cuando conviene” y medios “oficialistas”, “palmeros” o “al servicio de”. Todo ello convenientemente agitado en una coctelera de insinuaciones, comillas irónicas y conclusiones que no necesitan datos porque —aparentemente— ya se dan por sabidas.
Especial mención merece el uso creativo del lenguaje: el adjetivo despectivo elevado a categoría editorial. No se trata de discrepar —lo cual es sano—, sino de reducir personas, empresas o colectivos enteros a caricaturas, convenientemente simplificadas para encajar en un relato previo. El matiz estorba. La complejidad molesta. La duda, ni está ni se la espera.
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Ahí aparece, por ejemplo, la figura del “medianero de una empresa foránea”. Una expresión fascinante, porque logra en apenas cinco palabras desacreditar a una persona, una empresa y, de paso, a todo aquel que no encaje en el canon ideológico del articulista. No importa el cargo real, la trayectoria o los hechos contrastables: medianero basta y sobra. Lo de “foránea”, además, añade ese toque identitario tan útil cuando faltan argumentos técnicos.
El lenguaje se vuelve aún más creativo cuando entra en juego el término “godo”, empleado no como referencia histórica o cultural, sino como comodín descalificador. Un concepto tan elástico que sirve para empresarios, directivos, técnicos, periodistas o cualquiera que ose no compartir la indignación reglamentaria del día.
Especial mención merece la ya clásica “derechona estibadora”, un prodigio de síntesis ideológica que permite resolver décadas de relaciones laborales, marcos normativos europeos y convenios colectivos complejos con dos palabras y un gesto de desprecio. No se analiza el modelo laboral, la productividad, la regulación europea o los convenios: se etiqueta. Y etiquetado queda. El debate se ahorra así el incómodo paso por los datos.
Todo ello suele presentarse bajo el paraguas de una supuesta “Información cruzada sin filtros institucionales”, inclusive con «doble verificación». Una fórmula brillante para justificar que no hay filtros, pero tampoco contrastes. Se cruza la información, sí, pero sin especificar con quién, cómo ni para qué. El lector debe confiar en que, en algún lugar indeterminado, alguien “sabe cosas”.
Y cuando el relato necesita un enemigo final, total, definitivo, aparece el gran tótem explicativo de nuestro tiempo: el “lobby del Régimen del 78”. Una entidad todopoderosa, omnipresente, invisible y convenientemente abstracta. Cabe todo ahí dentro: puertos, empresas, autoridades, medios, técnicos… incluso el mal tiempo si hace falta. Es el villano perfecto porque no exige pruebas y lo explica absolutamente todo.
En el lado opuesto, pero con un mismo universo retórico, está la “brújula moral” que no sirve para orientarse, sino para señalar. Una brújula superior, ética, iluminada, que —casualmente— siempre coincide con la opinión del que escribe. Cuando alguien discrepa, no es que tenga otra visión del sector: es que ha perdido el norte. O peor aún, nunca lo tuvo. Curiosamente, siempre apunta en la misma dirección: la correcta es la del autor y la de sus interesados amigos de batalla; las demás, desvíos sospechosos. Así, cualquier actor del sector —empresa, institución o medio— que no se alinee con esa brújula pasa automáticamente a formar parte del problema. No por lo que hace, sino por lo que supuestamente representa.
Una brújula moral que unos días crítica el paso de crudo ruso cerca de Canarias y otras defiende que se modifiquen las sanciones a la flota rusa para que atraque en Canarias, porque el negocio lleva muchos años aquí y perjudica.
Y la palma se la lleva cuando hablan de Infopuertos como el ‘Comando Dog Chow’, o de ‘Infoperros’ como si estas banalidades fueran a herir nuestra dignidad profesional, sin saber que la distancia profesional es nuestro mejor premio. Claro, quizá por eso nos sitúan unas veces en Reikiavik y otras en Santander, e incluso en Canarias, unas veces dentro de la ley y otras fuera. No seremos nosotros lo que tengamos una trayectoria intimidatoria, pero tampoco pusilánime.
Frente a ese modelo, existe otra forma —menos estridente, pero infinitamente más útil— de hacer periodismo portuario. Una forma que parte de una premisa sencilla: el sector marítimo no es un ring, es un sistema complejo. Con intereses cruzados, sí. Con errores, también. Pero que exige conocimiento técnico, contexto económico, memoria institucional y, sobre todo, respeto por quienes lo integran.
En este universo narrativo, otros medios no informan: obedecen. No contextualizan: encubren. No contrastan: callan. Especialmente si se trata de Infopuertos, ese incómodo recordatorio de que el periodismo sectorial también puede ejercerse sin insultar a nadie.
Porque en Infopuertos no hace falta llamar “medianero” a nadie para contar una operación empresarial. No se necesita invocar godos para explicar una decisión institucional. No es imprescindible recurrir a lobbies fantasma para analizar una política portuaria. Aquí la brújula no es moral: es profesional. Y apunta, aburridamente, hacia los hechos.
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