El dictamen ha sido aprobado hoy en el Pleno con el español Javier Garat, secretario general de Cepesca, como ponente.
El Pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado esta semana el dictamen presentado por Javier Garat, ponente de este y secretario general de Cepesca, con Daniel Voces, director general de Europêche, como asesor, sobre la propuesta que modifica el Reglamento (UE) n.º 1026/2012 con el fin de fortalecer las medidas contra las prácticas de pesca no sostenible realizadas por países no pertenecientes a la Unión Europea. Así, el CESE ha emitido un dictamen clave que respalda dicha modificación, cuyo fin es garantizar la sostenibilidad de las poblaciones de peces compartidas, proteger los ecosistemas marinos y salvaguardar los intereses de las comunidades pesqueras europeas.
El dictamen reclama la ampliación geográfica de las medidas, solicitando que las normas revisadas no se limiten al Atlántico nordeste, sino que incluyan también las aguas del Mediterráneo y zonas internacionales. Este enfoque amplio garantizará que todas las prácticas no sostenibles sean efectivamente abordadas.
Asimismo, propone herramientas más estrictas para sancionar prácticas desleales mediante prohibiciones de importación y otras medidas restrictivas, siempre dentro de los límites de las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estas herramientas buscan promover una pesca responsable tanto en aguas europeas como internacionales.
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MSC Mediterranean Shipping Company Announces Ownership Transfer
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También enfatiza la necesidad de reforzar la coherencia entre las políticas pesqueras, incluyendo el Reglamento (CE) n.º 1005/2008, que combate la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Además, se recomienda que los consejos consultivos pertinentes sean informados inmediatamente sobre la identificación de países que permiten la pesca no sostenible, lo que garantizará una mayor participación de las partes interesadas.
En el dictamen se subraya que esta propuesta llega en un momento crucial, con los intereses pesqueros europeos amenazados por las acciones de ciertos países no comunitarios. En particular, se menciona a Noruega, cuya gestión unilateral de recursos como el bacalao y la caballa ha generado tensiones significativas. El Comité insta a la UE a explorar alianzas estratégicas con países como Islandia y a vincular la gestión pesquera al acceso al mercado comunitario como herramienta de presión para garantizar el cumplimiento de normas internacionales.
Entre las medidas concretas propuestas se encuentran enmiendas legislativas clave, como la necesidad de exigir que los Estados terceros adopten medidas efectivas de control y cumplimiento para garantizar la conservación de las poblaciones de peces compartidas. Además, se solicita incorporar ejemplos claros de acciones discriminatorias, como las restricciones impuestas por Noruega a flotas de la UE, mientras otorgan beneficios a sus propios buques.
El 70% de los productos pesqueros consumidos en Europa proviene de terceros países. Por ello, estas medidas también buscan proteger el mercado comunitario de productos pesqueros obtenidos mediante prácticas no sostenibles. La implementación de estas medidas no solo protegerá los ecosistemas marinos, sino que también promoverá un comercio más justo y equilibrado.
El Reglamento (UE) n.º 1026/2012 se adoptó para garantizar la conservación de las poblaciones de peces compartidas y proteger los derechos pesqueros de la UE frente a acciones de terceros países. Sin embargo, la creciente agresividad de algunas naciones ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer este marco legal. En particular, el Reglamento ha sido una herramienta fundamental en la lucha contra la sobrepesca y la explotación irresponsable de los recursos marinos. La propuesta actual busca modernizarlo y adaptarlo a los desafíos actuales, alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 (vida submarina) y 12 (producción y consumo responsables).
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