El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer por la tarde, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado desde por la mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo ha decidido buscar el mecanismo jurídico adecuado para prorrogar el plazo que tenían los ayuntamientos de las Islas para cumplimentar los planes de seguridad de sus playas.
Pérez explicó que, tras analizar la situación, el Gobierno ha optado por ampliar ese margen de tiempo, que según el decreto (de 2018) que regula la seguridad en las zonas de baño era inicialmente de cuatro años (vencería el próximo 8 de agosto). Sin embargo, la mayoría de municipios (en torno a un 70% de las playas) aún no han cumplimentado toda la documentación y, por ese motivo, se ha decidido la prórroga, cuyo plazo se definirá en los próximos días en coordinación con la Fecam.
Según indicó Pérez, hay un total de 360 zonas de baño que requieren de ese plan de seguridad específico y que, en su mayoría, aún no cuentan con esa exigencia del decreto.
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El portavoz explicó también que, en unos días, la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad publicará una orden, elaborada en colaboración también con la Fecam y los servicios técnicos del departamento, con unas correcciones y aclaraciones de los anexos del decreto y que concretará también la prórroga a aprobar. Por ejemplo, se aclararán los tipos de bandera, la necesidad de servicios de seguridad únicos en calas anexas, la modulación de los servicios en función de la afluencia, peligrosidad y otras características de cada cala o zona de baño, entre otros aspectos.
Pérez aludió a la reciente sentencia del TSJC que ratifica el decreto de seguridad en las playas 2018 y que sostiene que no se aumentan las exigencias estatales de seguridad en sus concretos, sino que se concretan aspectos puntuales. En este sentido, el consejero recalcó que la complejidad del sistema trata de adaptarse precisamente a las características de cada playa en función de su peligrosidad, media de bañistas y otros aspectos, siempre con el objetivo prioritario de evitar ahogamientos y aportar la máxima seguridad posible. “Que Canarias tenga unas playas seguras es algo a lo que no podemos renunciar”, remarcó.
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