La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha asegurado este miércoles que el Gobierno español trabaja para que la Comisión Europea (CE) reconsidere su decisión de cerrar las pesquerías en algunas zonas de aguas profundas, que ha causado un rechazo unánime por la falta de diálogo con el sector y los Estados miembros, porque no se sustenta en información científica actualizada y por las repercusiones directas que tiene en la restricción de la actividad pesquera.
España ha pedido que este asunto se incluya en el orden del día del próximo consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará en Bruselas el próximo lunes, 26 de septiembre. En esta reunión del consejo, Alicia Villauriz ha avanzado que se urgirá a la CE a actuar con toda presteza para que el nuevo dictamen científico con información más actualizada, que debe emitir el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), en el mes de noviembre, se emita cuanto antes, y se puedan corregir determinadas zonas en las que no se puede realizar la actividad pesquera.
Alicia Villauriz ha mantenido hoy, en la sede de la Secretaría General de Pesca, una reunión con las direcciones generales de Pesca de las comunidades autónomas y representantes del sector, para tratar el contenido e implicaciones que tiene para España esta decisión, que será de aplicación obligatoria a partir del 10 de octubre.
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Villauriz ha compartido con el sector pesquero la necesidad de realizar un estudio que recoja de forma individualizada del impacto económico que el acto de ejecución de la Comisión Europea tiene sobre cada segmento de flota, y que se analizará, de forma particular, con cada asociación para, posteriormente, adoptar las pertinentes acciones con el fin de paliar los efectos en la flota española.
Además, en la reunión se ha evidenciado el hecho de que esta decisión no ha ido precedida de una recomendación científica, con los datos más recientes disponibles y con una valoración adecuada del impacto socioeconómico asociado, que son cuestiones básicas en el funcionamiento de la Política Pesquera Común.
Asimismo, la secretaria general ha señalado la necesidad de aclarar las discrepancias existentes en algunas de las áreas, que no corresponderían con las batimetrías afectadas por el reglamento comunitario y, por tanto, la actividad pesquera podría seguir desarrollándose en ellas.
En relación con la presentación de un recurso contra la decisión de la Comisión Europea, ha explicado que es necesario tener una evaluación muy concreta y precisa desde el punto de vista jurídico tanto por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación que arroje las suficientes garantías jurídicas.
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